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El exfiscal general Johel Zelaya confirma la admisión de un recurso de amparo tras su destitución

Tegucigalpa.- El exfiscal general de la República, Johel Zelaya, informó que fue notificado formalmente por la Sala de lo Constitucional sobre la admisión por unanimidad de un recurso de amparo interpuesto en contra de su destitución mediante juicio político en el Congreso Nacional. Aunque la resolución judicial no contempla la suspensión del acto reclamado, Zelaya enfatizó que este proceso es un requisito indispensable para agotar la vía interna antes de elevar su denuncia ante los organismos internacionales.

El exfuncionario afirmó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) mantiene una estrecha vigilancia sobre los juicios políticos ejecutados por el Poder Legislativo en Honduras. Zelaya manifestó tener la certeza de que, ante la actual concentración de poder en el país, el resultado del recurso en el ámbito nacional ya está predeterminado, por lo que su objetivo principal es buscar una resolución favorable en instancias externas.

Con firmeza, el abogado subrayó que su lucha legal no responde a un capricho personal, sino a una cuestión de dignidad para limpiar su nombre ante la sociedad. Aseguró que durante su gestión jamás cometió delitos, no ha estado vinculado a redes de narcotráfico y su trayectoria se mantiene limpia de cualquier acto de corrupción.

Zelaya calificó el procedimiento de su destitución como un acto “extremadamente caprichoso” y denunció abiertamente la falta de imparcialidad en el sistema judicial hondureño. Al respecto, cuestionó que la justicia en el país opera de manera selectiva, señalando que mientras se encarcela a ciudadanos por delitos menores, quienes cometen crímenes graves pueden enfrentar sus procesos en libertad.

El exfuncionario confirmó que recientemente sostuvo reuniones en el exterior con actores relevantes en la toma de decisiones para analizar la situación democrática y de país. Con estas acciones, Zelaya reafirma su intención de continuar el proceso hasta sus últimas consecuencias legales, buscando revertir lo que él considera una vulneración de sus garantías constitucionales.

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