Más de 840 mil inmigrantes que solicitaron acogerse al proceso extraordinario de regularización impulsado por el Gobierno de España ya cuentan con un permiso temporal para residir y trabajar legalmente en el país, mientras las autoridades concluyen el análisis de sus expedientes.
La información fue confirmada por la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, quien explicó que este beneficio se concede una vez que las solicitudes son admitidas a trámite, permitiendo a los solicitantes acceder de manera provisional a la legalidad migratoria.
Más de un millón de personas solicitaron regularizar su situación
El programa extraordinario de regularización cerró el pasado 30 de junio con un total de 1.174.978 solicitudes, una de las cifras más altas registradas en un proceso de este tipo en España.
De acuerdo con datos oficiales, más del 70 % de los solicitantes, equivalente a unas 840.000 personas, ya recibió este permiso temporal, mientras que al menos 12.000 expedientes han sido resueltos de forma favorable de manera definitiva.
La ministra destacó que el proceso continúa avanzando y que las autoridades siguen revisando las solicitudes presentadas dentro del plazo establecido.
Latinoamericanos representan la mayoría de solicitudes
Las estadísticas muestran que el 67 % de las personas que solicitaron la regularización provienen de América Central y América del Sur.
Entre las principales nacionalidades destacan:
- Colombia, con el 26 % de las solicitudes.
- Marruecos, con el 13,4 %.
- Venezuela, con el 11,7 %.
- Perú, con el 8,8 %.
Además, las autoridades señalaron que el 81 % de los beneficiarios tiene menos de 45 años, mientras que el 43 % corresponde a mujeres.
¿Quiénes podían acceder al programa?
El proceso extraordinario estaba dirigido a extranjeros que permanecían en situación migratoria irregular en España antes del 1 de enero de este año y que pudieran demostrar una residencia mínima de cinco meses en el país.
También pudieron presentar su solicitud quienes habían pedido asilo antes de esa misma fecha, siempre que no registraran antecedentes penales.
Las autoridades españolas consideran que esta medida busca facilitar la integración laboral y social de miles de personas que ya residían en el país, al tiempo que permite reforzar el control administrativo sobre la población migrante.
El Gobierno español mantiene el análisis de los expedientes restantes y continuará resolviendo las solicitudes en los próximos meses conforme avance el proceso de regularización.
