Tegucigalpa.- El presidente Nasry Asfura ejecutó este miércoles el primer movimiento estratégico en su equipo de gobierno al designar al abogado Jorge Alberto Cálix Orellana como nuevo titular de la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI). Cálix Orellana, reconocido profesional del derecho y padre del actual alcalde de Gracias, Lempira, sustituye en el cargo a la abogada Elizabeth Rodríguez, quien no alcanzó los cuatro meses al frente de la institución tras su nombramiento el pasado mes de febrero.
Desde el Poder Ejecutivo se aclaró que el relevo no responde a un bajo rendimiento, sino a una estrategia de reacomodo de perfiles dentro de la administración pública para optimizar la gestión institucional.
Reubicación y nuevos nombramientos
Pese a su salida de la OABI, la abogada Elizabeth Rodríguez continuará formando parte del engranaje gubernamental con nuevas responsabilidades:
- Nueva autoridad en Cicesct: Rodríguez fue nombrada para dirigir la Comisión Interinstitucional Contra la Explotación Sexual Comercial y Trata de Personas de Honduras (Cicesct), donde reemplazará a Sua Martínez.
- Perfil del nuevo director: Jorge Alberto Cálix Orellana, quien asume la dirección de la OABI, destaca por su trayectoria en el litigio privado. Las autoridades aclararon que no se trata del diputado liberal del mismo nombre.
- Advertencia presidencial: Este movimiento ocurre días después de que el mandatario Asfura advirtiera públicamente que realizaría cambios en su gabinete de no cumplirse con las metas y responsabilidades asignadas.
Relevancia de la OABI
El cambio ocurre en una de las dependencias más sensibles del aparato estatal. La OABI es la entidad responsable de la custodia, administración y manejo de bienes incautados o asegurados en procesos vinculados a actividades ilícitas. La llegada de Cálix Orellana se produce en un momento clave donde la transparencia y la eficiencia en el manejo de estos activos son prioritarias para la gestión de Asfura. Por su parte, la llegada de Rodríguez a la Cicesct busca dinamizar la lucha contra la explotación sexual y la trata de personas, áreas que el Gobierno considera fundamentales dentro de su agenda social.
