Las reformas al Código Penal y al Código Procesal Penal orientadas a fortalecer la lucha contra la extorsión y el crimen organizado ya fueron publicadas en el Diario Oficial La Gaceta, informó este sábado el Congreso Nacional.
Las modificaciones, aprobadas por unanimidad por los diputados del Poder Legislativo, buscan otorgar mayores herramientas legales a fiscales, jueces y cuerpos de investigación para enfrentar a maras, pandillas y estructuras criminales que operan en el país.
Reformas buscan fortalecer combate al crimen
El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, aseguró que las nuevas disposiciones representan un avance importante en materia de seguridad ciudadana y persecución penal.
“Son reformas al Código Penal y al Código Procesal Penal que dan las herramientas legales a los operadores de justicia que luchan contra este flagelo de la extorsión, contra las maras y pandillas y estos grupos criminales que le causan un daño terrible a la población hondureña”, expresó el titular del Legislativo.
Según las autoridades, los cambios permitirán fortalecer las investigaciones criminales y agilizar procesos judiciales relacionados con delitos vinculados a la extorsión y el crimen organizado.
Extorsión sigue afectando a varios sectores
La extorsión continúa siendo uno de los principales problemas de seguridad en Honduras, afectando especialmente a transportistas, pequeños comerciantes y emprendedores.
En distintos sectores del país, víctimas denuncian cobros ilegales realizados por grupos criminales que operan mediante amenazas y violencia.
Ante este panorama, las autoridades consideran que las reformas aprobadas podrían facilitar la judicialización de casos y endurecer las acciones contra quienes participan en estas estructuras delictivas.
Operadores de justicia tendrán nuevas herramientas
Con las modificaciones legales ya vigentes tras su publicación oficial, fiscales y jueces contarán con nuevas facultades procesales para enfrentar este tipo de delitos.
El Congreso Nacional sostuvo que las reformas forman parte de una estrategia orientada a fortalecer el marco jurídico en materia de seguridad y combate al crimen organizado.
