Tegucigalpa.- Dirigentes del pueblo indígena Tolupán en el departamento de Yoro desmintieron categóricamente las acusaciones de “secuestro” contra el abogado Víctor Fernández y la doctora Ligia Ramos, ocurridas recientemente en su territorio. Según los representantes de la comunidad, la retención de los defensores de derechos humanos no constituyó un acto criminal, sino una medida de control basada en sus leyes ancestrales para determinar los motivos de su presencia en la zona.
“Solo los interrogamos”, afirmaron los líderes indígenas, argumentando que cualquier persona ajena a la comunidad debe someterse a las consultas de las asambleas locales para garantizar la seguridad y el respeto a su autonomía territorial.
Contexto del interrogatorio comunitario
El incidente, que generó alarma a nivel nacional, fue descrito por los miembros de la etnia como un procedimiento de rutina bajo su propia jurisdicción:
- Soberanía territorial: Los tolupanes defendieron su derecho a cuestionar a visitantes externos, especialmente cuando se trata de figuras públicas o activistas, para evitar malentendidos sobre proyectos o intervenciones en sus tierras.
- Seguridad de los defensores: A pesar de la retención, los dirigentes aseguraron que la integridad física de Fernández y Ramos fue respetada en todo momento, limitándose el encuentro a un intercambio de palabras para esclarecer sus intenciones.
- Rechazo a la criminalización: La comunidad lamentó que el acto fuera etiquetado como privación de libertad, señalando que la interpretación externa de sus costumbres a menudo conduce a la estigmatización de sus métodos de gobernanza interna.
Reacciones y resolución del conflicto
Tras el proceso de interrogación y la posterior liberación de ambos profesionales, el incidente ha reabierto el debate sobre la coexistencia entre la ley nacional y la justicia indígena en Honduras. Tanto Víctor Fernández como Ligia Ramos son reconocidos por su labor en la defensa de los recursos naturales y los derechos sociales, por lo que la noticia de su retención activó protocolos de monitoreo por parte de organismos internacionales. Los líderes tolupanes reiteraron que su intención no es obstruir la labor de los defensores, sino mantener un orden riguroso sobre quiénes ingresan a sus comunidades y bajo qué propósitos.
