Tegucigalpa.- La relatora especial de la ONU sobre defensores de derechos humanos, Mary Lawlor, manifestó su profunda preocupación ante la persistente inseguridad que asedia a las comunidades campesinas en la región del Bajo Aguán, Honduras. A través de un pronunciamiento oficial, la experta calificó la situación como grave y urgente, señalando que quienes defienden la tierra continúan bajo una amenaza constante.
Riesgos críticos y ataques recientes
La alerta internacional se ha intensificado tras el violento ataque perpetrado el pasado mes de enero contra la cooperativa campesina “9 de agosto”. Para los organismos internacionales, este suceso es una prueba fehaciente de que las medidas de protección actuales son insuficientes. Lawlor enfatizó que el patrón de violencia en la zona no se detiene, dejando a los defensores en una vulnerabilidad extrema frente a grupos que operan en la región.
Llamado a una respuesta estatal integral
Haciendo eco de las posturas de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la relatora instó al Estado hondureño a implementar una respuesta que sea:
- Integral: Que aborde las causas estructurales del conflicto agrario.
- Sostenida: Que no se limite a intervenciones temporales.
- Efectiva: Que logre frenar las violaciones a los derechos humanos y la criminalización.
Cifras de una crisis persistente
El panorama para los defensores en Honduras sigue siendo crítico. Según informes recabados entre 2020 y 2026, al menos 70 defensores han sido asesinados en el país. Este contexto, marcado por el acoso a quienes protegen el medio ambiente y el acceso a la tierra, se ve agravado por altos índices de impunidad, lo que genera una creciente presión de la comunidad internacional para que se garantice justicia y seguridad en el territorio nacional.
