El Consejo Nacional de Defensa y Seguridad de Honduras anunció la aprobación de una serie de reformas estructurales orientadas a fortalecer la seguridad del país y el combate frontal contra el crimen organizado.
La sesión fue encabezada por el Presidente de la República junto a las máximas autoridades de los poderes del Estado, con el objetivo de coordinar acciones para garantizar la protección de la vida, la libertad y el patrimonio de los hondureños.
Reformas enfocadas en el Código Penal y crimen organizado
Dentro de las principales decisiones se encuentra la propuesta de reformas al Código Penal, orientadas a reforzar la lucha contra delitos como la extorsión, uno de los principales flagelos que afectan a la población y al sector productivo.
Las autoridades señalaron que estas medidas buscan endurecer el marco legal contra estructuras criminales que operan en el país.
Aumento de penas por femicidio
Otro de los puntos destacados es el proyecto de ley que propone reformas para incrementar las penas en casos de femicidio, reafirmando el compromiso del Estado con la protección de la vida de las mujeres y la lucha contra la violencia de género.
Revisión del régimen de medidas y libertad
También se planteó la revisión integral del régimen de medidas reguladoras de la libertad, con el objetivo de evitar abusos y garantizar una aplicación más eficiente de la justicia.
Según lo expuesto, estas acciones buscan fortalecer la confianza en el sistema judicial.
Reactivación de la justicia penal interinstitucional
El Consejo aprobó además la reactivación de la Comisión Interinstitucional de Justicia Penal, como un espacio de coordinación entre las instituciones encargadas de la investigación, persecución del delito y administración de justicia.
El objetivo es mejorar la articulación entre las entidades del Estado para combatir la criminalidad de manera más efectiva.
Seguridad jurídica en propiedad privada
Otro eje de las reformas es el fortalecimiento de la seguridad jurídica en materia de propiedad privada, mediante mecanismos legales para enfrentar el delito de usurpación y brindar mayor certeza a la inversión nacional e internacional.
