Congreso Nacional

Álex Berrios garantiza transparencia y audiencias públicas para el fiscal Johel Zelaya

Tegucigalpa.- El diputado y abogado constitucionalista Álex Berrios, integrante de la Comisión Especial de Juicio Político, detalló los pasos que seguirá el Congreso Nacional tras la admisión del proceso contra el fiscal general, Johel Zelaya. Berrios enfatizó que la investigación busca fortalecer el Estado de derecho y normalizar la rendición de cuentas de los altos funcionarios ante el pueblo hondureño.

Garantías procesales y transparencia

El legislador aseguró que el proceso se regirá bajo estrictos principios legales para asegurar un juicio justo y abierto a la ciudadanía:

  • Debido proceso e inviolabilidad: Se garantizan todos los derechos individuales del fiscal Zelaya, incluyendo su derecho a la defensa y la presentación de descargos ante la comisión investigadora.
  • Audiencias públicas: Berrios anunció que las audiencias serán totalmente televisadas y públicas, asegurando la máxima transparencia en cada etapa de la investigación.
  • Interrogatorio y descargos: El funcionario señalado tendrá la oportunidad de declarar ante la comisión y someterse a un interrogatorio para desvirtuar los señalamientos en su contra.

El papel de la Comisión y la decisión final

La Comisión Especial tiene un mandato estrictamente investigativo, dejando la resolución definitiva en manos del pleno legislativo:

  1. Investigación de funciones: La comisión evaluará si existió responsabilidad o irregularidades en el ejercicio de las funciones del fiscal general.
  2. Emisión del informe: Una vez evacuada la investigación, se redactará un informe detallado que será entregado a los 128 diputados.
  3. Veredicto del Pleno: Será el pleno del Congreso Nacional el encargado de determinar, mediante votación, si se deduce responsabilidad (destitución) o si se ratifica al fiscal en su cargo al no encontrar faltas.

Berrios concluyó que este procedimiento no implica culpabilidad anticipada, sino que es un mecanismo democrático necesario para que todos los empleados públicos entiendan que están sujetos a la ley.

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