Tegucigalpa.- Con el propósito de transformar el sistema penitenciario en un espacio de verdadera rehabilitación, las autoridades del Instituto Nacional Penitenciario (INP) y la Secretaría de Educación, dirigida por la Ph.D. Ivette Arely Argueta Padilla, han acordado una hoja de ruta para fortalecer la formación académica de las Personas Privadas de Libertad (PPL). Esta alianza estratégica busca garantizar que el derecho a la educación sea el pilar fundamental del proceso de reinserción social.
Expansión de la oferta académica y técnica
Actualmente, el sistema penitenciario cuenta con 10 institutos educativos en funcionamiento. La nueva etapa de cooperación contempla acciones ambiciosas para diversificar las oportunidades de aprendizaje:
- Bachillerato Técnico Agrícola: Se planea la implementación de esta carrera para aprovechar las capacidades productivas de los centros y dotar a los internos de herramientas para el sector rural.
- Talleres Artísticos: Se incorporará formación en artes para potenciar habilidades creativas, emocionales y ocupacionales.
- Nuevos Espacios: La Comisión Interventora, liderada por el Coronel Othoniel Gross Castillo, analiza la apertura de más centros de formación a nivel nacional para cubrir a una mayor población penitenciaria.
Contribución social y fortalecimiento logístico
Un punto destacado de la reunión fue el reconocimiento al papel activo que ya juegan los internos en el sistema educativo nacional:
- Producción de Mobiliario: Las Personas Privadas de Libertad ya fabrican pupitres y sillas que son donados a escuelas públicas del país, demostrando su capacidad de servicio a la sociedad.
- Gestión de Recursos: Se iniciarán gestiones para obtener donaciones de mobiliario que mejoren las condiciones de las aulas dentro de los recintos carcelarios.
- Mandato Constitucional: El Coronel Gross Castillo subrayó que estas acciones dan cumplimiento a las políticas públicas de rehabilitación y reeducación, facilitando el retorno de los internos a la vida productiva.
Este esfuerzo conjunto reafirma que la educación es la herramienta más poderosa para reducir la reincidencia y ofrecer oportunidades reales de cambio a quienes buscan una segunda oportunidad tras cumplir sus condenas.
