Tegucigalpa.- Un reciente informe de organizaciones de derechos humanos, entre ellas Cristosal y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), ha confirmado la persistencia de graves violaciones en Honduras en el marco del estado de excepción vigente desde diciembre de 2022. Según las investigaciones, esta medida diseñada originalmente para combatir la criminalidad ha derivado en un alarmante incremento de torturas, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales.
Evidencias de tortura y malos tratos
El informe documenta numerosos testimonios que denuncian actos de tortura física y psicológica perpetrados por fuerzas de seguridad, principalmente la Dirección Policial Anti-Maras y Pandillas contra el Crimen Organizado (DIPAMPCO) y la Policía Militar de Orden Público (PMOP). Los métodos reportados incluyen golpizas severas, asfixia y amenazas de muerte, utilizados con el fin de obtener confesiones o información bajo coacción.
Desapariciones y ejecuciones
Se han identificado casos críticos de desapariciones forzadas donde las víctimas fueron vistas por última vez bajo custodia estatal sin que las autoridades brinden información sobre su paradero. Asimismo, la ONU ha denunciado ejecuciones extrajudiciales, señalando que el estado de excepción ha facilitado un entorno de impunidad donde el control militar y policial carece de una rendición de cuentas efectiva ante organismos civiles.
Impacto en grupos vulnerables
Las organizaciones advierten que la suspensión de garantías constitucionales afecta de manera desproporcionada a jóvenes de zonas marginalizadas, pueblos indígenas y defensores de derechos humanos. Además, se destaca que la militarización de la seguridad pública no ha logrado una reducción sostenida de la violencia, pero sí ha generado un alto costo social y humano para la población hondureña.
