Tegucigalpa.- En medio de un clima político caldeado por las versiones que apuntan a un posible juicio político en su contra, el Fiscal General de la República, Johel Zelaya, reafirmó este martes su postura de no retroceder en sus funciones. El titular del Ministerio Público (MP) respondió de forma tajante a las consultas sobre su preocupación ante esta figura legal, asegurando que su compromiso permanece intacto pese a las presiones de diversos sectores.
“No tengo miedo”: La respuesta del Fiscal
Zelaya utilizó un tono firme para dirigirse tanto a la clase política como a las organizaciones que han cuestionado su gestión durante el último año:
- Cumplimiento del deber: El Fiscal aseguró que si la intención es condenarlo por ejercer sus facultades legales, está dispuesto a enfrentar las consecuencias. “Si desde algún tribunal pretenden condenarnos por cumplir nuestro deber, aquí estamos”, puntualizó.
- Crítica a la sociedad civil: Denunció que ciertos sectores de la sociedad civil han instrumentalizado la denuncia pública como un “ataque político”, acomodando sus discursos según intereses particulares.
- Continuidad operativa: Reiteró que no se esconderá ni retrocederá en la lucha contra el crimen y la corrupción, independientemente de a quién le “incomode” su accionar.
Figuras en la mira del Congreso
El debate sobre el juicio político no se limita únicamente a la figura del Fiscal General. Según declaraciones de personajes del oficialismo, el Congreso Nacional ya sondea esta medida contra tres funcionarios clave:
- Johel Zelaya: Fiscal General de la República.
- Marlon Ochoa: Consejero del Consejo Nacional Electoral (CNE).
- Mario Morazán: Magistrado del Tribunal de Justicia Electoral (TJE).
Estos señalamientos surgen a raíz de las actuaciones de dichos funcionarios durante el tramo final de la administración anterior, lo que ha generado una división de opiniones sobre si se trata de un proceso de rendición de cuentas o de una persecución con tintes políticos.
Contexto legal
El juicio político en Honduras es una herramienta constitucional que permite al Congreso Nacional investigar y, en su caso, destituir a altos funcionarios por faltas graves en el ejercicio de sus cargos. Para que esta medida prospere, se requiere una mayoría calificada de los votos de los diputados, un número que actualmente es objeto de intensas negociaciones en la cámara legislativa.
