Tegucigalpa.- El Gobierno del presidente Nasry Asfura ha puesto en marcha un ambicioso plan de reestructuración administrativa que contempla la adhesión o desaparición de un “puñado” de instituciones estatales. El argumento central de esta medida es erradicar la duplicidad de funciones y redirigir los fondos públicos hacia secretarías con mayor impacto social y proyección directa hacia la ciudadanía.
Instituciones bajo la lupa
Según informes oficiales, son aproximadamente 38 instituciones las que atravesarán este proceso. El análisis gubernamental sugiere que administraciones pasadas cayeron en una “sobrecreación” de entes que generan más carga económica que beneficios reales para el pueblo hondureño.
Entre las instituciones que la sociedad civil y el Gobierno señalan como “poco fructíferas” o “instituciones bisagra” se encuentran:
- Entes Electorales y de Control: El Tribunal de Justicia Electoral (TJE), el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) y la Unidad de Política Limpia (UFTF).
- Transparencia e Información: El Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) y la Secretaría de Transparencia.
- Secretarías Estratégicas: Planificación Estratégica y la Secretaría de Derechos Humanos.
Redirección de fondos
La meta del Ejecutivo es clara: optimizar el presupuesto. Al cerrar estos “elefantes blancos”, el Gobierno pretende inyectar esos recursos en áreas críticas como salud, educación e infraestructura, sectores que requieren atención inmediata y presupuesto fresco.
Funcionarios de la actual administración aseguran que este ordenamiento institucional es necesario para modernizar el Estado y hacerlo más eficiente, eliminando la burocracia innecesaria que ha frenado el desarrollo del país durante décadas.
