Tegucigalpa, Honduras – Luego de ser aprobado por unanimidad en el Congreso Nacional y publicado en La Gaceta, entra en vigor un paquete de amnistías que libera a miles de ciudadanos, familias y empresas de multas, intereses, recargos y sanciones pendientes hasta el 31 de diciembre de 2025.
El decreto, publicado el 13 de febrero de 2026, tiene como objetivo brindar alivio económico, fomentar el cumplimiento voluntario de obligaciones y dinamizar la recaudación pública, permitiendo que los contribuyentes paguen únicamente el monto principal de sus deudas.
Beneficios para servicios básicos y tributos municipales
Los usuarios de Empresa Nacional de Energía Eléctrica, servicios de agua potable y saneamiento (SANAA y alcaldías), telefonía (HONDUTEL) y telecomunicaciones (CONATEL) podrán cancelar sus saldos pendientes abonando solo el consumo o tributo neto, eliminando recargos por mora administrativa o judicial.
En el ámbito municipal, se condonan multas, intereses y recargos sobre la matrícula vehicular, tasas registrales y otros impuestos locales.
Además, se permite la importación, nacionalización y registro de vehículos del extranjero, sin restricción por año de fabricación, estableciendo un pago único de L10,000 para unidades modelo 2010 o anteriores, cubriendo también la matrícula 2026.
Medidas en comercio exterior y migración
El paquete de amnistías contempla beneficios aduaneros, facilitando la regularización y registro de vehículos importados bajo condiciones especiales, promoviendo la formalización y facilitando la movilidad vehicular legal.
En el ámbito migratorio, se suspenden temporalmente las sanciones económicas a personas extranjeras en tránsito irregular, siempre que realicen su registro biométrico y regularización ante las autoridades. Esta amnistía migratoria tiene vigencia hasta el 31 de diciembre de 2026, con extensión en algunos de sus componentes.
Plazos y condiciones
Las autoridades competentes, incluyendo alcaldías, ENEE, Instituto de la Propiedad, Aduanas e Instituto Nacional de Migración, han advertido que la vigencia de los beneficios es limitada.
En la mayoría de los casos, los contribuyentes cuentan con un plazo general de tres meses desde la publicación en La Gaceta para realizar los pagos o suscribir convenios.
Este paquete representa un esfuerzo conjunto del Poder Legislativo y el Gobierno para apoyar la economía familiar, reducir la carga de deudas acumuladas durante la pandemia y otras circunstancias, y garantizar el acceso equitativo a servicios públicos en todo el país.
