Salud

Honduras enfrenta nueva demanda internacional por caso de hospitales móviles

Tegucigalpa.- El Procurador General de la República, Manuel Díaz Galeas, informó que el Estado de Honduras ha sido demandado ante un Tribunal Federal de Distrito en Washington D.C. por la empresa Vertisa Corporation. La acción legal está vinculada a Axel López y se deriva de los polémicos contratos de los hospitales móviles adquiridos durante la pandemia de COVID-19.

El origen del reclamo: Costos de transporte

La demanda tiene su raíz en el contrato suscrito originalmente entre Marco Bográn, exdirector de INVEST-H, y la empresa anteriormente conocida como Elmed Medical Systems, Inc.. Según los detalles brindados:

  • Monto reclamado: La empresa alega que, aunque Honduras pagó por los siete hospitales fabricados en Turquía, quedó pendiente una factura de aproximadamente dos millones de dólares por concepto de envío y transporte.
  • Intereses: Además del capital principal, la demandante busca recuperar intereses que aún no han sido cuantificados.
  • Argumento legal: Vertisa Corporation fundamenta su reclamo en un presunto incumplimiento contractual por parte del Estado hondureño.

Cuestionamientos a la legalidad del contrato

La defensa de Honduras sostiene que el contrato sobre el cual se basa la demanda presenta vicios de nulidad desde su origen. Se señala que el acuerdo fue suscrito sin observar los requisitos de la Ley de Contratación del Estado y contraviniendo las normativas que regulaban las competencias de la extinta INVEST-H. Este punto será clave en la estrategia de defensa nacional para desestimar las pretensiones de la empresa vinculada a Axel López.

Respuesta de la Procuraduría General

Ante este nuevo frente judicial en el extranjero, la Procuraduría General de la República (@PGRHonduras) aseguró que ya se encuentra ejecutando todas las acciones legales necesarias. El Procurador Díaz Galeas reafirmó que la institución mantiene una postura firme y responsable para proteger los intereses financieros y la soberanía del Estado frente a reclamos que consideran derivados de procesos irregulares.

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