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Desafío académico: Centros regionales de la UNAH enfrentan reto financiero

Tegucigalpa.- El rector de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), Odir Fernández, ha manifestado su preocupación ante los obstáculos financieros que frenan la expansión y el fortalecimiento de los centros regionales. A pesar del compromiso de la institución por llevar la educación superior a cada rincón del país, la falta de desembolsos estatales pone en riesgo la sostenibilidad de nuevos proyectos académicos y operativos para el ciclo 2026.

Bloqueo presupuestario: L1,300 millones en el aire

La máxima casa de estudios enfrenta una crisis financiera severa debido a la retención de más de 1,300 millones de lempiras por parte de la Secretaría de Finanzas. Esta situación, que se arrastra desde mediados del año anterior, no solo afecta la creación de nuevos centros, sino que compromete directamente:

  • Obligaciones básicas: El pago de salarios y aguinaldos para más de 7,000 empleados universitarios.
  • Operatividad administrativa: El mantenimiento de servicios esenciales y la estabilidad académica de los campus existentes.
  • Autonomía institucional: El rector ha denunciado que estas acciones parecen ser un “castigo” por mantener una postura independiente frente al oficialismo.

Resiliencia ante la crisis: Cierre de año y metas 2026

A pesar del escenario adverso, la UNAH logró concluir el año académico 2025 sin interrupciones, ampliando su oferta con nuevas carreras y fortaleciendo su compromiso con la comunidad estudiantil. Fernández subrayó que para el 2026 el objetivo es seguir creciendo; sin embargo, advirtió que es imposible consolidar la presencia regional si el gobierno no cumple con sus obligaciones constitucionales de transferencia de recursos.

Acciones legales para proteger el alma mater

Ante la falta de respuesta de las autoridades de finanzas, la UNAH ha tenido que recurrir a la vía judicial, interponiendo recursos de amparo ante la Corte Suprema de Justicia para exigir el desembolso de los fondos retenidos. Esta medida busca garantizar que la universidad pública no se vea forzada a detener sus actividades o a sacrificar la calidad educativa por intereses ajenos a la academia.

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