Los Ángeles, Estados Unidos. El Gobierno del presidente Donald Trump presentó una demanda civil contra una mujer de origen hispano a quien exige el pago de casi un millón de dólares por no haber acatado una orden final de deportación, se informó este jueves a través del medio El Heraldo.
La querella legal exige a Marta Alicia Ramírez Veliz el pago de 941,114 dólares más intereses ante una corte federal en Virginia, por supuestamente no salir del país tras perder su caso migratorio en 2022.
Base legal de la sanción millonaria
La multa que exige el Gobierno estadounidense se sustenta en una disposición de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA), que prevé sanciones civiles para extranjeros sujetos a una orden final de deportación que incumplan o se nieguen deliberadamente a abandonar los Estados Unidos.
Según los documentos judiciales, la multa se calculó a razón de 998 dólares por cada día de infracción, monto que se fue acumulando desde el 24 de abril de 2025, fecha en que el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) concluyó que la mujer había seguido en el país pese a la orden de salida.
Cronología del caso
La inmigrante fue inicialmente notificada de la orden de deportación el 1 de julio de 2019, luego de que un juez de inmigración determinara su expulsión. Ante esa decisión, Ramírez Veliz presentó recursos ante la Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA), que desestimó su petición y mantuvo la orden definitiva el 23 de septiembre de 2022.
En abril de 2025, ICE le notificó formalmente al Gobierno estadounidense su intención de imponer la multa, otorgándole un plazo de 30 días para presentar una defensa legal. La demandada, sin embargo, no respondió al requerimiento, lo que llevó al Ejecutivo a solicitar ante el tribunal que se ejecutara el cobro.
Sanción inusual y repercusiones
Especialistas en derecho migratorio consultados por medios internacionales señalan que se trata de una de las multas más altas documentadas en casos de este tipo, ya que, en administraciones anteriores, las multas emitidas por ICE rara vez superaban cifras de medio millón de dólares.
La imposición de este tipo de sanciones civiles responde a la estrategia del Gobierno para forzar la salida de personas con órdenes de deportación vigentes, una medida contemplada en la legislación estadounidense, pero que se aplica con poca frecuencia y con resultados variables.
Debate migratorio y derechos humanos
Organizaciones defensoras de los derechos de los migrantes han expresado preocupación por el uso de multas tan elevadas, especialmente cuando pueden afectar de manera significativa la vida familiar y económica de quienes han vivido varios años en el país.
Según expertos externos, este tipo de acciones se inserta en el contexto más amplio de políticas migratorias estrictas impulsadas por el Gobierno actual de Estados Unidos.
El caso de Ramírez Veliz será observado de cerca por activistas, abogados y comunidades migrantes, ya que podría sentar un precedente en la implementación de sanciones económicas como herramienta para hacer cumplir las órdenes de deportación.
