Tegucigalpa. – Este día se formalizó una denuncia penal ante la Fiscalía Especial de Protección a las Etnias y Patrimonio Cultural (FEP-ETNIAS/PC) contra el creador de contenido Lester Cardona, conocido públicamente como “Supremo”. La acción legal señala los delitos de incitación a la discriminación y tratos degradantes contra el pueblo garífuna y la población negra hondureña.
El proceso judicial surge tras declaraciones del señalado donde admitía públicamente prácticas de exclusión laboral basadas en criterios raciales, afirmando “Yo no contrato negros”.
Según los denunciantes, estas expresiones no deben ser tomadas como entretenimiento, ya que configuran una violación directa a los derechos humanos y fomentan estereotipos que deshumanizan a las minorías étnicas.
Detalles del expediente judicial:
La denuncia presentada se fundamenta en pruebas documentales y fundamentos legales estrictos, entre los que destacan:
- Código Penal (Art. 213): Sobre la responsabilidad penal de quienes promueven la discriminación.
- Constitución de la República (Art. 59): Que garantiza la dignidad humana como fin supremo de la sociedad.
- Tratados Internacionales: Invocación del Convenio 111 de la OIT sobre la eliminación de la discriminación laboral.
Los impulsores de la denuncia aclararon que esta medida busca justicia y respeto, no notoriedad mediática. “Si hoy normalizamos el ‘no contrato negros’ como un chiste, mañana normalizamos la exclusión total”, expresaron, subrayando que el racismo debe combatirse en los tribunales para evitar que se repitan actos de humillación contra la comunidad garífuna.
Tras la notificación del proceso, Lester Cardona reaccionó a través de sus plataformas digitales, donde publicó una fotografía del denunciante cuestionando la legitimidad de la acción.
“Cabe mencionar que el Abogado presente no estuvo en el momento del incidente lo cual quiere verse como héroe porque hay cosas peores pero como soy Supremo, porque ya pedí una Disculpa pública y veo que no la aceptaron”, expresó el influencer en sus redes sociales.
Con este expediente, se marca un precedente en el sistema judicial hondureño sobre la responsabilidad legal de los líderes de opinión y figuras públicas frente a los discursos de odio.
