España – El número de migrantes en España en situación administrativa irregular continúa en aumento, situándose en 840,000 personas, de las cuales 91 % provienen de América, especialmente de Colombia, Perú y Honduras, según el informe más reciente del centro de análisis Funcas (Fundación de las Cajas de Ahorros).
La estimación se realiza a partir de la diferencia entre la población extranjera residente efectiva, según el Instituto Nacional de Estadística (INE), y los migrantes con permiso de residencia, beneficiarios de protección internacional o en trámites de regularización.
Honduras entre los principales países de origen
Los datos, correspondientes al 1 de enero de 2025, muestran un crecimiento sostenido desde 2017, cuando la población irregular se estimaba en 107,000 personas. Entre los latinoamericanos, destacan los colombianos (290,000), los peruanos (110,000) y los hondureños (90,000).
En contraste, la presencia de migrantes africanos (50,000), asiáticos (15,000) y europeos (14,000) se mantiene mucho más baja. Esto evidencia una fuerte concentración de la inmigración irregular procedente del continente americano.
Reforma del reglamento de extranjería y su impacto
La cifra reportada corresponde a antes de la última reforma del reglamento de extranjería español, que entró en vigor en mayo de 2025. Esta normativa busca flexibilizar la regularización por arraigo, lo que podría reducir parcialmente la población irregular.
No obstante, Funcas advierte que, si se mantienen las tendencias actuales, incluso si se regularizan 900,000 personas en los próximos tres años, el número total de migrantes irregulares solo se estabilizaría, sin una reducción significativa.
Necesidad de políticas migratorias integrales
María Miyar, directora de Estudios Sociales de Funcas, reconoce que la nueva normativa favorecerá la integración social de muchos migrantes, pero critica la falta de planificación en la política migratoria española.
El informe sugiere que, para una reducción real de la población irregular, España debe implementar medidas que orienten la inmigración hacia sectores con escasez de mano de obra y promuevan la cualificación profesional, en el marco de una estrategia amplia de crecimiento económico y productividad.
