Tegucigalpa, Francisco Morazán. La Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESSCO), por medio de la Unidad adscrita al Instituto Nacional Penitenciario (INP), logró este jueves que un juez ordenara la detención judicial de tres personas acusadas por el delito de lavado de activos, tras una estructura financiera ilícita que habría movido fuertes sumas de dinero entre comercios y bancos nacionales.
Los imputados fueron identificados como Orlando José Lobo Mencía, Saúl Alfonso Mayorquín Cruz y Katy Julissa Gálvez Banegas, quienes fueron capturados por agentes de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) luego de varios allanamientos ejecutados en Tegucigalpa, Francisco Morazán, y Juticalpa, Olancho.
La audiencia inicial quedó programada para el martes 16 de diciembre a las 8:30 de la mañana.
Una red que operaba desde comercios y el centro penal de Támara
Según la investigación preliminar, los sospechosos llegaban a negocios de la capital y otras zonas para amenazar a los propietarios y obligarlos a realizar depósitos semanales a cuentas bancarias registradas a su nombre.
Luego exigían que los afectados enviaran el comprobante de la transferencia a un número telefónico habilitado para monitorear los pagos.
La intimidación incluía advertencias de atentar contra la vida de quienes no obedecieran.
Además, FESSCO confirmó que desde el centro penitenciario de Támara se realizaron varias llamadas telefónicas en tono amenazante, con el mismo objetivo: presionar a comerciantes a acreditar dinero en cuentas específicas y enviar evidencias de los depósitos.
Movimientos millonarios sin justificación
Los análisis financieros del MP revelan que uno de los imputados movió en el sistema bancario nacional más de 23.4 millones de lempiras en créditos y más de 23.2 millones en débitos, utilizando nueve cuentas bancarias y una billetera electrónica.
Otro de los acusados registró en los últimos cinco años transacciones de entre 4.9 millones en créditos y 4.7 millones en débitos, mientras que el tercer señalado no logró justificar más de 6.4 millones de lempiras, montos que la Fiscalía considera incompatibles con sus actividades económicas declaradas ilícitas.
