Los transportistas que participaron en el traslado del material electoral durante las elecciones primarias de 2025 manifestaron su disposición de colaborar nuevamente en las elecciones generales del 30 de noviembre, siempre que el Consejo Nacional Electoral (CNE) les garantice un anticipo de pago y acompañamiento logístico durante todo el proceso de distribución.
El representante del gremio, Óscar Aguilera, informó que este jueves esperan la concreción del desembolso parcial por los servicios prestados en las primarias, mientras el pago total de la deuda pendiente se haría efectivo a más tardar la próxima semana.
“Estamos abiertos a escuchar ofertas para el servicio de transporte de material electoral en las generales. Si se nos da un anticipo y acompañamiento en todo el proceso, no tendríamos inconveniente en participar nuevamente”, declaró Aguilera.
“Tenemos capacidad y experiencia para servir al país”
El dirigente enfatizó que los transportistas cuentan con la experiencia necesaria para cumplir con eficiencia y transparencia esta tarea clave en el proceso electoral.
“Hemos participado en ocho procesos electorales brindando este servicio y nunca hemos tenido problemas. Somos hondureños, patriotas y amamos la democracia. Queremos que las elecciones se desarrollen de manera ordenada y segura”, aseguró.
Aguilera explicó que el gremio ya tiene lista su logística de distribución, incorporando medidas de seguridad y monitoreo por GPS para garantizar el traslado oportuno del material electoral a los 18 departamentos del país.
“Contamos con aproximadamente 400 a 450 unidades disponibles, listas para movilizar el material electoral si llegamos a un acuerdo con el CNE”, detalló.
Exigen garantías para fortalecer la democracia
Los transportistas insistieron en que su participación depende de que se establezcan condiciones claras y garantías financieras, que les permitan cumplir con su labor sin contratiempos. Además, pidieron que el proceso sea acompañado por la sociedad civil y organismos garantes de la transparencia, para asegurar la confianza ciudadana en el proceso electoral.
