Tegucigalpa, Honduras. – La Unidad Especializada Contra Delitos Electorales (UECDE) del Ministerio Público presentó una solicitud de antejuicio ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) contra los magistrados del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), Mario Alberto Flores Urrutia y Miriam Suyapa Barahona Rodríguez, señalados por el presunto delito de prevaricato judicial.
Según el comunicado oficial, ambos magistrados habrían emitido resoluciones contrarias a la ley al ordenar al Consejo Nacional Electoral (CNE) la inscripción de dos ciudadanos como candidatos a diputados sin la participación del tercer miembro del pleno del TJE, requisito indispensable para sesionar válidamente.
Decisiones sin quórum y fuera del procedimiento legal
El Ministerio Público detalló que el 27 de octubre los magistrados resolvieron de forma irregular una recusación interpuesta por un ciudadano que cuestionaba la imparcialidad de uno de ellos. Esta acción se relaciona con dos recursos de apelación sobre solicitudes de inscripción de candidaturas.
De acuerdo con la investigación, los funcionarios rechazaron el incidente sin seguir el procedimiento que establece la Ley Orgánica y Procesal Electoral, la cual exige:
- La formación de una pieza separada.
- La notificación al magistrado recusado.
- La suspensión temporal del expediente principal.
- La convocatoria de un magistrado suplente.
Sin embargo, los magistrados Flores Urrutia y Barahona Rodríguez resolvieron la recusación por su cuenta, sin conformar el quórum ni convocar a un suplente, lo que constituye según el MP una violación al marco legal que rige al Tribunal de Justicia Electoral.
Resoluciones “ilegales” y solicitud de antejuicio
El 28 de octubre, un día después de la recusación, los magistrados emitieron sentencia definitiva declarando con lugar los recursos y ordenando al CNE inscribir de inmediato a los ciudadanos en cuestión como candidatos a diputados.
La UECDE sostiene que esta resolución se tomó sin que el TJE estuviera debidamente integrado, lo que invalida las actuaciones realizadas.
Por tal motivo, el Ministerio Público considera que ambos magistrados incurrieron en prevaricato judicial, al dictar resoluciones sabiendo que contravenían la ley. En consecuencia, solicita a la Corte Suprema de Justicia declarar “ha lugar” el antejuicio para que se proceda conforme a derecho ante el juez natural competente.
