Tegucigalpa, Honduras – El vicepresidente del Congreso Nacional, Hugo Noé Pino, confirmó que la diputada Isis Cuéllar continúa en su cargo y devengando su salario, a pesar de estar implicada en el escándalo de presunto uso indebido de fondos públicos desde la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol).
“La diputada sigue siendo parte del Congreso Nacional. Se le concedió un permiso, pero eso no significa que ha dejado de ser diputada”, aseguró Noé Pino ante consultas de la prensa.
El también economista aclaró que Cuéllar no ha sido suspendida ni enfrenta un juicio político, por lo que legalmente sigue ejerciendo su función y recibiendo su remuneración. “Ella solo puede dejar de ser diputada mediante un juicio político. No hay acción legal en su contra ni ninguna demanda formal”, afirmó.
Isis Cuéllar, diputada del partido Libre, se encuentra bajo la lupa desde que el pasado 2 de julio el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, confirmara que se le otorgó un permiso especial para que pudiera solventar su situación ante los entes de investigación.
Ese mismo día, se viralizó un video en el que Cuéllar aparece conversando con el entonces ministro de Sedesol, José Carlos Cardona, sobre la supuesta entrega de millonarios fondos públicos que habrían sido utilizados para financiar actividades políticas del partido oficialista.
A raíz de la filtración, Cardona fue separado de su cargo, mientras que Cuéllar se ausentó del hemiciclo legislativo.
Sin embargo, hasta la fecha no se ha anunciado ninguna acción judicial en su contra ni un proceso de desafuero.
Hugo Noé Pino también aprovechó para aclarar que el exdiputado Carlos Zelaya no sigue recibiendo sueldo del Congreso Nacional, como lo han afirmado varios medios de comunicación respaldándose en documentos obtenidos vía ley de transparencia.
“Las auditorías están en curso para determinar si hubo o no irregularidades. Pero en el caso de la diputada Cuéllar, no existe ninguna resolución que la suspenda”, enfatizó el congresista.
Por ahora, Cuéllar permanece en calidad de diputada con permiso y bajo investigación interna. El Ministerio Público no ha presentado requerimientos fiscales, aunque sectores de oposición y sociedad civil han exigido transparencia en el manejo de fondos del Congreso y las instituciones del Estado.
