Tegucigalpa, Honduras – La Comisionada Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), Blanca Saraí Izaguirre, emitió un pronunciamiento tras los sucesos ocurridos en el Centro Penitenciario Nacional de Támara, donde dos personas privadas de libertad perdieron la vida y varias más resultaron gravemente heridas.
Izaguirre, en ejercicio de su mandato, manifestó lo siguiente:
Visita in situ y hallazgos iniciales
Durante una visita realizada el 19 de septiembre de 2024, el Conadeh confirmó la muerte de Carlos Andrés Soler Mejía y José Alejandro Cruz Cruz.
Además, se constataron lesiones severas en otros privados de libertad, quienes presentaban golpes en la cabeza, torso y extremidades inferiores.
Posible ejecución extrajudicial
El Conadeh señaló la posibilidad de que las muertes fueran ejecuciones extrajudiciales, ya que, según la información recabada, habrían sido causadas por agentes estatales que no respetaron los principios básicos del uso de la fuerza y armas de fuego.
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Responsabilidad del Estado
La Comisionada recordó que el Estado tiene la obligación reforzada de proteger la vida y la integridad de las personas bajo su custodia.
Dado que las muertes ocurrieron dentro de un centro de detención, existe una presunción de responsabilidad estatal, lo que podría derivar en repercusiones a nivel internacional.
Lesiones graves y posibles actos de tortura
En cuanto a las lesiones sufridas por otros reclusos, el Conadeh advirtió que podrían considerarse actos de tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes, ya que fueron infligidas por los mismos agentes estatales sin una justificación proporcional a la situación.
Llamado a una investigación inmediata
El Conadeh subrayó el deber del Estado de iniciar una investigación efectiva de oficio, con el fin de identificar, juzgar y sancionar a los responsables.
La Comisionada instó al Ministerio Público a esclarecer los hechos y recomendó al Instituto Nacional Penitenciario implementar protocolos de contingencia y emergencia en los centros penitenciarios del país para prevenir futuros incidentes.
La Comisionada finalizó su declaración reiterando la importancia de garantizar el respeto a los derechos humanos de todas las personas privadas de libertad y evitar que estos centros se conviertan en espacios de abuso y violencia por parte de las autoridades encargadas de su custodia.
