Tegucigalpa, Francisco Morazán – El Ministerio Público (MP) de Honduras, logró en audiencia inicial un auto de formal procesamiento contra cuatro ciudadanos acusados de supuestas compras irregulares de medicamentos, suministros médicos, equipo quirúrgico y de laboratorio.
Estas irregularidades resultaron en un fraude al Estado de Honduras por un monto superior a los doscientos veinticuatro millones de lempiras (L. 224,994,921.30).
El Juzgado de Letras con Competencia Nacional en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción dictó medidas cautelares contra los acusados.
Arturo Bendaña Pinel, exministro de Salud, fue puesto en arresto domiciliario por dos delitos de fraude y dos de prevaricato administrativo.
Por otro lado, Nelson Geovany Alvarenga Rodríguez y Vanessa María Urbizo Escobar, acusados como cooperadores necesarios del delito de fraude, y Carlos Octavio Rivas Sánchez, acusado de violación de los deberes de los funcionarios, recibieron medidas cautelares distintas a la prisión, según lo estipulado en el artículo 173 numerales 5, 6, 7, 8, 9 y 10.
Estas medidas incluyen la obligación de los imputados de estar bajo la vigilancia de una persona designada por el juez, presentarse periódicamente ante las autoridades judiciales, y la prohibición de salir del país, entre otras restricciones.
Detalles del caso y acusaciones
Las investigaciones realizadas por el MP señalan que, entre los años 2010 y 2012, un grupo de exfuncionarios y empresarios se coludió para utilizar contratos fraudulentos, licitaciones amañadas y una figura denominada “extrafinanciamiento” simulando adquisiciones como si fueran tarjetas de crédito para desviar fondos y cometer delitos que atentaron contra la salud pública en Honduras.
Entre los acusados en este caso figuran Arturo Bendaña Pinel, Miguel Ernesto Flores Cisneros, Moisés Torres López, Vinicio David Monterrosa Sierra, Roberto Carlos Meza Figueroa, Vanessa María Urbizo Escobar, Nelson Geovanny Alvarenga Rodríguez, Reynaldo Leiva Suazo y Carlos Octavio Rivas Sánchez.
Este caso representa un avance significativo en los esfuerzos del MP por combatir la corrupción y garantizar la transparencia en la gestión pública en Honduras.
Las autoridades continúan trabajando para llevar a los responsables ante la justicia y asegurar que los recursos del Estado sean utilizados correctamente para beneficio de todos los hondureños.
