Tegucigalpa, Honduras
En el Juzgado de Letras Penal con Competencia Nacional en Materia de Criminalidad Organizada y Corrupción se llevó a cabo la Audiencia de Declaración de Imputado en el caso contra ocho agentes de la DPI acusados de conductas ilícitas.
La fiscalía solicitó la restricción de la libre locomoción para los acusados, mientras que la defensa esperará el momento adecuado para rebatir la acusación y mantuvo la presunción de inocencia de sus representados.
La Jueza de Letras Penal con Jurisdicción Nacional decidió imponer la medida cautelar de detención judicial a Wilson Josué Durón Valladares, Walter Alexander Muñoz Muñoz, Bayron Isidro Ramos Hernández, Carlos Noé Núñez Álvarez, Rodys Edgardo Hernández Casco, Denis Alfredo Estrada López, Joel Renán Zambrano Ganegas y Josiel Fernando Rueda Núñez, quienes son sospechosos de asociación para delinquir, robo con violencia e intimidación, abuso de autoridad, allanamiento de morada por funcionario público, falsificación de documentos públicos y tratos crueles, inhumanos o degradantes por funcionarios públicos en perjuicio de los derechos fundamentales de la sociedad, derechos contra el patrimonio, la inviolabilidad domiciliaria, la administración pública, la fe pública del Estado de Honduras y contra la integridad moral y la dignidad de las personas o testigos protegidos.
Durante la audiencia, se proporcionaron los datos personales de los imputados, se les leyeron sus derechos y se les informó sobre los hechos de la acusación.
La jueza, considerando la gravedad de los delitos y la naturaleza de uno de ellos que no permite una medida alterna, determinó que los ocho acusados cumplan el término legal de seis días en el Centro Penitenciario de El Progreso, departamento de Yoro.
La orden de captura fue emitida el miércoles 10 de abril, siete de los acusados fueron capturados y uno se presentó voluntariamente.
La Audiencia Inicial está programada para las 09:00 de la mañana del martes 16 de abril.
Hecho: El 12 de enero del 2024, en la colonia Montefresco, varios agentes policiales ingresaron a una vivienda sin orden de allanamiento o autorización.
