Tegucigalpa, Honduras
Después de notificar al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) sobre su retiro, el Gobierno de Honduras revelará mañana, jueves, las razones detrás de esta decisión en una cadena nacional de radio y televisión. La Procuraduría General de la República presentará un informe detallado, según el anuncio realizado por la Secretaría de Prensa a través de redes sociales.
El comunicado gubernamental expone que aunque el CIADI fue creado para resolver disputas entre inversionistas extranjeros y Estados, se ha transformado en un sistema que socava la soberanía nacional y limita la función de los tribunales locales.
Se sostiene que este convenio obstaculiza la lucha contra la corrupción público-privada y afecta proyectos como las “Zonas de Empleo y Desarrollo Económico” (ZEDE), el modelo extractivista y el colonialismo económico.
La decisión del Estado hondureño, considerada soberana y responsable, se basa en el derecho internacional, en cumplimiento del artículo 54 de la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados y el artículo 71 del Convenio CIADI.
El objetivo es salvaguardar las finanzas públicas, corregir desequilibrios en favor de inversores extranjeros y poner fin al “terrorismo de litigación”.
A pesar de las preocupaciones expresadas por varios sectores sobre las posibles repercusiones negativas para los inversionistas, el Gobierno sostiene que esta medida es necesaria para garantizar un trato justo a los inversionistas nacionales y proteger la soberanía del país.
Honduras enfrenta actualmente nueve demandas pendientes en el CIADI, con montos que superan los 12 mil millones de dólares en 2023, afectando a los sectores energético, infraestructura y bancario, según el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep).
La cúpula empresarial también señala que Honduras sigue los pasos de Bolivia y Ecuador, países que se retiraron del CIADI en 2007 y 2009 respectivamente, con consecuencias negativas en sus economías y bienestar social.
