Tegucigalpa.- El Congreso Nacional dio curso favorable en su primer debate a un riguroso paquete de reformas legislativas encaminadas a fortalecer los mecanismos de prevención, fiscalización y represión penal contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, adaptando la normativa interna a las exigencias globales del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
La iniciativa jurídica, estructurada para su pronta discusión en segundo debate, introduce por primera vez un marco regulatorio estricto aplicable a los proveedores de activos virtuales y criptomonedas, además de actualizar los protocolos de debida diligencia en transferencias electrónicas y elevar de diez mil a quince mil dólares el umbral obligatorio para la declaración de efectivo ante la administración aduanera.
Asimismo, el proyecto contempla modificaciones sustanciales a la Ley Especial Contra el Lavado de Activos, la legislación de Profesiones No Financieras Designadas y la normativa de Privación Definitiva del Dominio, ampliando las obligaciones de control para casinos, inmobiliarias, notarios y contadores, y prohibiendo terminantemente la operación de bancos pantalla sin supervisión real.
Con estas modificaciones normativas, que también blindan a los usuarios frente a cancelaciones arbitrarias de servicios bancarios y extienden a cinco años el resguardo documental obligatorio, el Estado hondureño consolida su arquitectura jurídica para garantizar la transparencia financiera y cumplir con los estándares internacionales de fiscalización.
