La investigación busca examinar posibles responsabilidades por los delitos de violación de los deberes de los funcionarios y fraude en perjuicio de la administración pública, señalados en la solicitud fiscal.
Estas actuaciones forman parte de una nueva línea del caso Sedesol, relacionado con el manejo de recursos destinados a programas sociales, becas, ayudas económicas y otros proyectos.
Caso Sedesol bajo investigación
El expediente se suma a los cuestionamientos sobre el Fondo de Administración Solidaria, cuyos recursos fueron canalizados entre 2023 y 2025 mediante distintas instituciones públicas.
En septiembre, la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) denunció presuntas irregularidades en la gestión de aproximadamente 1,837 millones de lempiras correspondientes a ese fondo. La organización señaló problemas relacionados con la transparencia y la falta de informes de liquidación de los recursos.
El Ministerio Público (MP) abrió una nueva línea de investigación relacionada con el manejo de recursos de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), en la que figuran diputados del partido Libertad y Refundación (Libre) y exfuncionarios de esa institución.
La Fiscalía presentó ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) una solicitud de diligencias prejudiciales que incluye la intervención de un perito financiero para examinar el uso y la liquidación de fondos públicos. La petición fue reportada el 29 de septiembre de 2026.
Entre las personas mencionadas en esta nueva línea de investigación están los diputados Edgardo Casaña y Luz Angélica Smith, además de otros ciudadanos vinculados con la administración de los recursos de Sedesol.
La solicitud fiscal busca establecer si existen elementos que permitan determinar posibles irregularidades en el manejo de esos fondos y si las actuaciones examinadas podrían constituir delitos contra la administración pública.
¿Qué busca establecer el Ministerio Público?
De acuerdo con la información divulgada sobre la petición, el MP solicitó que se juramente a un perito financiero y que se establezcan fecha y hora para desarrollar las diligencias correspondientes.
La Fiscalía también pidió que se notifique a las partes involucradas y contempló la posibilidad de mantener bajo secretividad determinados aspectos del expediente, mientras avanzan las actuaciones.
La investigación busca examinar posibles responsabilidades por los delitos de violación de los deberes de los funcionarios y fraude en perjuicio de la administración pública, señalados en la solicitud fiscal.
Estas actuaciones forman parte de una nueva línea del caso Sedesol, relacionado con el manejo de recursos destinados a programas sociales, becas, ayudas económicas y otros proyectos.
Caso Sedesol bajo investigación
El expediente se suma a los cuestionamientos sobre el Fondo de Administración Solidaria, cuyos recursos fueron canalizados entre 2023 y 2025 mediante distintas instituciones públicas.
En septiembre, la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) denunció presuntas irregularidades en la gestión de aproximadamente 1,837 millones de lempiras correspondientes a ese fondo. La organización señaló problemas relacionados con la transparencia y la falta de informes de liquidación de los recursos.
