Tegucigalpa.- Ante las inquietudes manifestadas por pescadores artesanales y buzos locales, la congresista por el departamento de Gracias a Dios, Erika Urtecho, hizo un enérgico llamado al Poder Ejecutivo para que garantice un proceso de consulta libre, previa e informada antes de emprender cualquier labor técnica orientada a la búsqueda de hidrocarburos. La legisladora señaló que la incertidumbre se ha apoderado de las comunidades de La Mosquitia tras el anuncio gubernamental sobre la reactivación de estudios exploratorios en la región, una iniciativa que rememorar proyectos similares planteados en administraciones pasadas sin la debida transparencia informativa.
Urtecho enfatizó que el Estado tiene la obligación ineludible de cumplir con los estándares establecidos en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), asegurando que el diálogo con los pueblos indígenas y afrodescendientes se realice de manera anticipada y exenta de presiones políticas. La representante departamental indicó que los habitantes tienen el derecho legítimo de conocer a fondo los detalles operativos de las intervenciones, abarcando aspectos como la ubicación exacta de los trabajos, los plazos de ejecución, las empresas responsables y, sobre todo, la magnitud de los posibles impactos socioambientales y culturales en su hábitat.
Asimismo, la congresista aclaró que el Congreso Nacional no ha otorgado su aval ni en el periodo anterior ni en la legislatura actual para el desarrollo de estas tareas de cateo, por lo que exigió a las autoridades centrales una rendición de cuentas pública sobre el estatus jurídico y técnico del proyecto. Cuestionó con firmeza que históricamente las directrices que afectan a la zona oriental se sigan dictando unilateralmente desde la capital, perpetuando un modelo de centralismo que vulnera la autonomía de las poblaciones locales.
“La Mosquitia no puede ser tratada como un territorio donde se deciden las cosas desde Tegucigalpa, como ha sido toda la vida”, aseveró Urtecho al reiterar su postura de vigilancia institucional en defensa de los recursos y la tranquilidad de las comunidades misquitas.
Las declaraciones de la parlamentaria colocan en el centro del debate nacional la necesidad de equilibrar los planes de desarrollo energético con la protección de los derechos ancestrales en las regiones más vulnerables del país.
