Tegucigalpa.- El sector agrícola nacional atraviesa una coyuntura crítica caracterizada por las dificultades para colocar las cosechas de papa y cebolla en el mercado hondureño bajo márgenes de rentabilidad que garanticen la subsistencia de miles de familias productoras. Ante esta situación, una comitiva de agricultores de ambos rubros se congregó este miércoles con altos funcionarios de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) para denunciar el impacto devastador del contrabando hormiga y masivo, flagelo que socava los precios internos y margina la producción local en favor de mercancías de procedencia extranjera.
Durante las deliberaciones con las autoridades ministeriales, los labriegos manifestaron que el ingreso clandestino de hortalizas no solo deprime los precios de sustentación, sino que trunca las expectativas comerciales precisamente en las épocas del año en que el campo hondureño alcanza su máxima capacidad de abastecimiento para el consumo nacional. Tras asumir elevados costos en la adquisición de semillas certificadas, fertilizantes, sistemas de riego y jornales de mano de obra, los productores deben lidiar con una competencia desleal que obstaculiza la recuperación de sus inversiones y pone en riesgo la seguridad alimentaria del país.
En representación del gremio, el productor Héctor Hernández enfatizó la urgencia de concretar un marco normativo robusto que actúe como un escudo protector frente a las prácticas ilícitas de comercio transfronterizo. «El reglamento es importante porque nos generará protección en el proceso de comercialización y ayudará a evitar el contrabando de productos desde otros países», aseveró Hernández, reflejando el sentir de un sector que reclama reglas claras para blindar el esfuerzo campesino ante los embates del mercado informal.
Como respuesta a estas demandas, las autoridades de la SAG informaron que se encuentran ultimando los detalles de una propuesta reglamentaria integral orientada a ordenar los procesos de producción, distribución y venta de papa y cebolla en todo el territorio nacional. El gobierno reafirmó su compromiso de establecer mecanismos de fiscalización más rigurosos en las aduanas y fronteras terrestres, buscando garantizar condiciones de equidad que salvaguarden las cadenas productivas y promuevan la estabilidad económica del agro hondureño.
