Estados Unidos – El gobierno del presidente estadounidense Donald Trump reanudó esta semana su política de deportaciones a terceros países con un polémico vuelo hacia Esuatini, en el sur de África, que transportaba a cinco inmigrantes originarios de Vietnam, Jamaica, Laos, Yemen y Cuba.
La portavoz del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), Tricia McLaughlin, confirmó el martes que el vuelo aterrizó en Esuatini con personas que fueron catalogadas como “excepcionalmente peligrosas”, y cuyos países de origen se negaron a recibir de vuelta.
“Este vuelo transportaba a personas acusadas de delitos como asesinato, agresión y robo. Su repatriación no era viable, por lo que fueron enviados a un país seguro que accedió a recibirlos”, escribió McLaughlin en la red social X.
La reanudación de estos vuelos se produce tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos, que anuló una orden previa que impedía deportaciones a Sudán del Sur.
La decisión representa un espaldarazo judicial a la administración Trump, que ha intensificado su estrategia de deportaciones masivas desde su regreso al poder en enero.
Deportaciones exprés y críticas
Según fuentes oficiales, otros ocho migrantes, incluidos dos cubanos y un mexicano, ya fueron enviados la semana pasada a Sudán del Sur. Estos permanecían detenidos en una base militar estadounidense en Yibuti desde finales de mayo, a la espera de una resolución judicial.
Desde su retorno a la Casa Blanca, Trump ha promovido con fuerza las deportaciones a gran escala como parte central de su plataforma política. Países como El Salvador, Sudán y ahora Esuatini han sido destinos de lo que el mandatario llama “traslados seguros”, aunque organizaciones de derechos humanos advierten que son medidas inhumanas y sin garantías mínimas.
Grupos de defensa de los derechos de los migrantes, abogados y organizaciones civiles han condenado las deportaciones a terceros países como una práctica peligrosa que viola el debido proceso legal y expone a los migrantes a situaciones de riesgo.
“Enviar personas a países con los que no tienen vínculos, sin acceso a procesos migratorios justos, es una violación clara de sus derechos fundamentales”, expresó un vocero de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés).
