Tegucigalpa.- El titular del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, formuló una tajante advertencia contra los operadores de justicia que encubran a las maras y pandillas, sosteniendo que cualquier fiscal, juez o agente policial vinculado a dichos engranajes delictivos deberá comparecer ante los tribunales y ser procesado en calidad de colaborador del terrorismo. Durante una entrevista televisiva, el parlamentario enfatizó que la profilaxis institucional dentro de la Policía Nacional, el Ministerio Público y el Poder Judicial debe ejecutarse con idéntica celeridad que las reformas legales, asegurando que los recursos aprobados que superan los mil millones de lempiras rinda frutos reales en materia de seguridad e inteligencia.
En ese contexto, el líder del Poder Legislativo confirmó que el pleno parlamentario aguarda el dictamen de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) sobre las enmiendas al Código Penal y al Código Procesal Penal para proceder a su pronta votación. Las modificaciones buscan endurecer las sanciones contra estructuras como la MS-13, la Pandilla 18 y el denominado Cártel del Diablo, las cuales ya han sido catalogadas como organizaciones terroristas. Asimismo, el plan proyecta articular una política criminal unificada en la que converjan las Fuerzas Armadas, la Policía Militar y las agencias de inteligencia estatal para evitar que las normativas aprobadas queden reducidas a simples enunciados legislativos.
Inspirado en la infraestructura penitenciaria salvadoreña tras su reciente visita al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), Zambrano planteó la urgente edificación de un penal de máxima seguridad de alta capacidad en territorio nacional. Argumentando que la población carcelaria ronda los 20,000 internos y que miles de colaboradores de maras continúan operando en la clandestinidad, el congresista señaló que el marco legal vigente autoriza la búsqueda de financiamiento y la ubicación de predios para este proyecto. La meta trazada por la directiva del Congreso es iniciar las obras en el corto plazo, estimando un lapso de ejecución de entre ocho y diez meses bajo carácter de extrema urgencia.
Por otra parte, la agenda de reformas penales abordó el debate sobre la responsabilidad legal de los menores de edad reclutados por las bandas criminales para la comisión de delitos de alto impacto. Frente al esquema legal vigente que limita las sanciones a los jóvenes infractores, la presidencia de la Cámara planteó dos vías de acción: la extensión de los periodos de internamiento hasta los 20 años o la reducción directa de la edad de imputabilidad penal para juzgar a los menores como adultos. Ambas alternativas implicarán la revisión de los tratados internacionales de protección a la niñez suscritos por la nación.
Finalmente, el titular del Legislativo descartó de forma categórica mantener invariable el sistema de justicia juvenil en su estado actual, instando a las distintas bancadas parlamentarias a alcanzar consensos decisivos. Zambrano sostuvo que quienes se opongan a los cambios estructurales exhiben falta de voluntad política, temor o una presunta complicidad con las organizaciones delictivas. La propuesta de reformas integrales promete abrir un intenso debate nacional entre la necesidad de contención de la violencia y la preservación de las garantías de los derechos humanos.
