San José, Costa Rica — La Fiscalía General de Costa Rica presentó este lunes una acusación formal contra el presidente Rodrigo Chaves Robles por el presunto delito de concusión, relacionado con aparentes irregularidades en la contratación de servicios de comunicación financiados por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).
De acuerdo con un comunicado oficial, el delito atribuido al mandatario conlleva penas de entre 2 y 8 años de prisión y sanciona a cualquier funcionario público que, abusando de su cargo, obligue o induzca a otra persona a otorgar un beneficio patrimonial indebido.
Acusación presentada ante la Corte Suprema
La denuncia fue presentada por el fiscal general, Carlo Díaz, ante la Corte Plena de la Corte Suprema de Justicia, instancia que deberá evaluar la solicitud antes de remitirla a la Asamblea Legislativa, que tendría la responsabilidad de votar un eventual levantamiento de inmunidad del mandatario.
Según la investigación, la Fiscalía indaga una contratación presuntamente hecha a la medida para la empresa RMC La Productora S.A., cuyo objetivo era brindar servicios de comunicación, mercadeo, análisis de opinión y producción de contenidos a la Presidencia de la República durante el periodo 2022-2026.
Implicados cercanos al mandatario
Además del presidente Chaves, la acusación involucra al actual ministro de Cultura y Juventud, Jorge Rodríguez, quien en ese momento se desempeñaba como jefe de despacho presidencial, y a Federico Cruz Saravanja, asesor personal y amigo cercano del mandatario.
La Fiscalía sostiene que Cristian Bulgarelli, propietario de la empresa adjudicada, redactó los requisitos del concurso del BCIE bajo instrucción directa de funcionarios de Casa Presidencial. Como resultado de la contratación, Cruz habría recibido un beneficio económico de 32.000 dólares, considerado ilícito por el Ministerio Público.
A Cruz se le sigue una causa penal por separado, ya que no forma parte de los supremos poderes del Estado.
Colaboración clave y veto internacional
El empresario Bulgarelli, pieza central en el caso, recibió un criterio de oportunidad, lo que implica que no será procesado penalmente si colabora eficazmente con la justicia y aporta información útil para esclarecer los hechos y comprobar la participación de los imputados.
En junio de 2024, el BCIE vetó durante siete años a Bulgarelli y a su empresa por prácticas prohibidas como fraude y colusión, tras comprobar que el proveedor elaboró los términos de referencia del contrato en coordinación con una exfuncionaria del Ministerio de Comunicación.
Caso revelado por audios filtrados
El escándalo salió a la luz en diciembre de 2023, cuando el diario La Nación publicó una serie de reportajes basados en audios entregados por la exministra de Comunicación, Patricia Navarro, quien aseguró que las grabaciones eran evidencia de posibles ilegalidades en el proceso de contratación.
Navarro, que ocupó el cargo solo cuatro meses tras el inicio del gobierno de Chaves, afirmó haber actuado “por razones éticas” y entregó el material al medio para “hacer lo correcto”.
