Una pareja de padres de familia comercializaba de forma continua a sus dos hijas menores de edad, de 11 y 13 años, entregándolas a hombres adultos a cambio de transacciones monetarias y bajo la exigencia del pago de una cuota económica mensual. La red de explotación fue descubierta de forma inusual luego de que los mismos progenitores acudieron a las autoridades policiales para denunciar a uno de los implicados, motivados exclusivamente por el hecho de que este se negó a seguir cumpliendo con los desembolsos financieros pactados.
La denuncia interpuesta por los padres pretendía el auxilio de la fuerza pública para retirar a una de las menores del poder del individuo sin iniciar un proceso legal formal. No obstante, la acción delictiva compartida por los progenitores provocó la inmediata reacción de los familiares del denunciado, quienes condenaron el negocio ilícito implementado con las dos infantes y anunciaron acciones legales severas contra todos los adultos involucrados.
Cobros mensuales, denuncia policial y querella penal contra los progenitores
Los pormenores del cobro de cuotas por las menores, la intervención familiar y la estrategia de la defensa legal se resumen a continuación:
- Edades de las víctimas: El negocio de explotación familiar afectaba de manera directa a dos hermanas cuyas edades corresponden a los 11 y 13 años.
- Tarifa periódica: Los compradores de las menores debían pagar un monto de dinero en efectivo de manera regular y sostener una cuota fija asignada por los padres.
- Detonante de la denuncia: La captura del sospechoso fue gestionada por la propia madre y el padre en el momento en que el hombre suspendió las transferencias monetarias.
- Reacción familiar: El hermano del hombre denunciado se pronunció públicamente molesto e indignado, catalogando la conducta de los involucrados como un acto asqueroso.
- Equipo legal: El pariente del detenido contrató de forma inmediata a un bufete de abogados para garantizar el procesamiento judicial de toda la estructura.
- Demanda tripartita: La defensa del caso confirmó que procederá legalmente contra el comprador, pero también contra la madre y el padre de las niñas para que los tres respondan ante los tribunales de justicia.
Exigen cárcel para la pareja que comercializaba a las infantes
El giro en las investigaciones criminales apunta a que los padres de las niñas enfrentarán cargos penales de alta gravedad vinculados a la trata de personas y explotación infantil, perdiendo de forma automática la patria potestad de las víctimas. El hermano del comprador procesado reiteró ante los medios que no encubrirá los delitos de su propio familiar, pero remarcó la necesidad de que la fiscalía actúe con la misma rigurosidad contra los papás que utilizaron a sus hijas como mercancía. Las dos menores de edad permanecen bajo el resguardo provisional de las autoridades competentes y unidades de psicología forense para iniciar los procesos de evaluación y asistencia integral.
