Honduras enfrenta una crisis legal sin precedentes. Al cierre de 2025, el Estado acumuló un total de 26,000 demandas judiciales, una cifra alarmante que prácticamente duplica los 13,906 casos registrados apenas un año antes. Esta explosión de litigios, mayoritariamente de índole laboral y contencioso administrativo, está generando un impacto devastador en las finanzas públicas del país.
Las Instituciones en la Mira
La presión legal se concentra en sectores estratégicos, donde la magnitud de los montos comprometidos pone en riesgo la operatividad institucional:
- ENEE: Encabeza la lista con 2,253 demandas, siendo el foco principal de los reclamos.
- Secretaría de Salud (Sesal): Registra 1,414 casos, afectando los recursos destinados a la sanidad.
- Policía Nacional: Enfrenta 799 demandas, reflejando la conflictividad en las fuerzas de seguridad.
El “Modus Operandi” de las Demandas Colectivas
Especialistas en derecho y analistas financieros han calificado esta situación como una “tremenda mafia”. Señalan que ciertos actores jurídicos han convertido las demandas colectivas en un negocio lucrativo, aprovechando vacíos legales y debilidades administrativas para forzar desembolsos millonarios por parte del Estado. Lo que para algunos es un derecho laboral, para otros se ha transformado en un esquema de enriquecimiento a costa de los impuestos de los hondureños.
Esta saturación del sistema judicial no solo presiona el presupuesto nacional, sino que evidencia una falta de control en los procesos de contratación y despido dentro de la administración pública, facilitando el camino para estos litigios masivos.
