Tegucigalpa.- Durante su comparecencia en el juicio político que se desarrolla en el Congreso Nacional, el magistrado suspendido del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), Mario Morazán, lanzó fuertes acusaciones contra el diputado Jorge Cálix. Morazán vinculó el proceso en su contra con una supuesta campaña de desprestigio liderada por el parlamentario, derivada de decisiones estrictamente legales tomadas en el ejercicio de su cargo.
El origen del conflicto: Normativa electoral
En su intervención ante el pleno, el magistrado fundamentó su postura basándose en las restricciones legales que rigen los procesos electorales en Honduras:
- Inhabilitación por derrota: Morazán recordó que la normativa electoral vigente prohíbe taxativamente que una persona que participe en elecciones primarias y resulte derrotada pueda aspirar a cargos en las elecciones generales posteriores.
- Bloqueo de aspiraciones: El magistrado afirmó que su apego a esta ley fue el detonante de la confrontación: “Yo no facilité eso y Cálix emprendió una campaña en mi contra”, sentenció, sugiriendo que su negativa a flexibilizar la norma generó represalias directas del diputado.
- Independencia judicial: Morazán defendió su actuación como una medida de protección a la integridad del sistema electoral, rechazando que sus fallos tuvieran motivaciones personales o políticas.
Tensiones en el desarrollo del juicio político
Las declaraciones del magistrado suspendido añaden una capa de complejidad al debate legislativo, evidenciando las profundas grietas entre los actores políticos:
- Confrontación directa: Los señalamientos contra Jorge Cálix trasladan el foco del juicio desde la gestión administrativa hacia las pugnas de poder y las posibles venganzas políticas dentro del hemiciclo.
- Debate sobre la legalidad: La mención de la normativa sobre elecciones primarias pone en relieve la importancia de las resoluciones del TJE en la configuración de las papeletas electorales definitivas.
- Continuidad del proceso: A pesar de los señalamientos, el juicio político sigue su curso en el Congreso Nacional, en medio de un clima de alta polarización y constantes interrupciones por parte de las diferentes bancadas.
Estas revelaciones se suman a los testimonios previos de otros funcionarios, consolidando una jornada de juicio marcada por acusaciones de boicot, campañas de odio y cuestionamientos a la ética de los representantes del Estado.
