Tegucigalpa, Honduras – En un esfuerzo conjunto por frenar el alarmante aumento de accidentes de tránsito en motocicleta, el Gobierno de Honduras, a través de la Secretaría de Seguridad y la Comisión Permanente de Contingencias (COPECO), anunció un ambicioso plan nacional enfocado en la protección de motociclistas.
El proyecto incluye una inversión inmediata de 50 millones de lempiras en medidas de prevención, educación vial y dotación de equipo de seguridad.
La iniciativa, liderada por la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT), contempla la entrega gratuita de cascos certificados y chalecos reflectivos a conductores de escasos recursos.
Además, se implementarán nuevas regulaciones para la emisión de licencias y se reforzarán los controles de tránsito, particularmente en ciudades con alta incidencia de siniestros como Tegucigalpa, San Pedro Sula, El Progreso, Choluteca, Danlí y Comayagua.
COPECO tendrá a su cargo el levantamiento de un censo socioeconómico para identificar a los beneficiarios del programa, así como la coordinación logística para la distribución del equipo de seguridad.
“Vamos a dar fiel cumplimiento a la normativa jurídica vigente y hacer que los conductores respeten la misma. La Policía Nacional aplicará la Ley de Tránsito a través de la DNVT”, aseguró el director general de la Policía Nacional, Juan Manuel Aguilar Godoy.
Educación y fiscalización vial, pilares del plan
El plan también incluye campañas educativas, brigadas móviles para emisión de licencias y la redacción del reglamento del Seguro Obligatorio a Terceros (SOAT), que busca extender la cobertura de accidentes a víctimas de terceros.
Se establecerán nuevas regulaciones para motocicletas, como el uso obligatorio de luces, espejos, elementos de protección y la revisión físico-mecánica semestral para garantizar las condiciones óptimas de circulación.
Con esta estrategia, el Gobierno busca reducir la tasa de muertes y lesiones relacionadas con motocicletas, promover una cultura de responsabilidad vial y proteger principalmente a los jóvenes entre 18 y 30 años, quienes representan el grupo más afectado por este tipo de siniestros.
La acción refuerza el compromiso del Estado con la seguridad vial y la protección de la vida humana, ofreciendo soluciones integrales ante una problemática que impacta tanto en lo social como en lo económico.
