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FESCCO formaliza acusación contra dos menores de edad implicados en el delito de desplazamiento forzado

Tegucigalpa.- En una respuesta institucional orientada a frenar el impacto de la criminalidad organizada en los asentamientos urbanos, la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO) interpuso este martes un requerimiento fiscal ante los órganos jurisdiccionales competentes en contra de dos menores de edad. Los implicados son señalados como presuntos autores materiales del delito de desplazamiento forzado de personas, un ilícito que vulnera gravemente los derechos fundamentales de cuatro ciudadanos que optaron por acogerse al régimen de testigos protegidos.

De acuerdo con las pesquisas ministeriales, los hechos ocurrieron el pasado domingo 6 de septiembre en el sector 8 de la populosa colonia Villa Nueva, situada en la periferia de la capital de la República. Hasta ese punto se habrían trasladado varios sujetos armados para irrumpir de manera violenta en los domicilios de las víctimas, a quienes intimidaron con amenazas de muerte y les impusieron un ultimátum de veinticuatro horas para abandonar sus hogares bajo coacción.

La gravedad de la situación obligó a los afectados a movilizar sus pertenencias de forma apresurada debido al temor latente por su integridad física, motivando la inmediata intervención de los cuerpos de investigación del Estado. Como resultado de las diligencias ejecutadas por la división especializada de la Policía Nacional, uno de los menores presuntamente involucrados fue aprehendido en las últimas horas, mientras que la autoridad judicial libró la respectiva orden de captura contra el segundo sospechoso menor de edad.

Las autoridades del Ministerio Público indicaron que las líneas de indagación continúan abiertas con el propósito de identificar, ubicar y procesar a otros integrantes de estructuras criminales adultas que habrían participado en estos actos de intimidación colectiva. Este caso pone de manifiesto la urgencia de redoblar la presencia de los cuerpos de seguridad en los barrios vulnerables para garantizar el respeto al Estado de derecho y proteger a la ciudadanía frente a la presión de las maras y pandillas.

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