Tegucigalpa.- El pleno del Congreso Nacional aprobó un conjunto de modificaciones legales orientadas a permitir el aprovechamiento financiero anticipado de capitales e inmuebles incautados en investigaciones judiciales, fortaleciendo así la disponibilidad presupuestaria de los organismos encargados de la seguridad pública y el sistema de justicia.
La disposición normativa faculta al Consejo Nacional de Defensa y Seguridad para autorizar la asignación previa de hasta la totalidad de los valores monetarios custodiados por la Oficina Administradora de Bienes Incautados (Oabi), evitando que las dependencias estatales deban aguardar los plazos procesales de extincion de dominio, los cuales suelen extenderse por más de una década.
Según lo estipulado en la resolución, los caudales distribuidos se canalizarán en porcentajes fijados para las secretarías de Defensa y Seguridad, el Ministerio Público, el Poder Judicial, la entidad administradora y organismos de inteligencia, precisando que dicha utilización precautoria no prejuzga la titularidad definitiva de los activos intervenidos.
En salvaguarda de las garantías constitucionales, el instrumento legal establece que la Secretaría de Finanzas actuará como garante institucional para reembolsar los montos equivalentes, junto con los intereses de ley correspondientes, en caso de que las autoridades jurisdiccionales dicten sentencias desfavorables al Estado al término de los juicios.
