Tegucigalpa.- En un hecho que sacude el panorama político nacional, la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), mediante su Centro de Asistencia Legal Anticorrupción (ALAC), interpuso este miércoles una denuncia formal ante el Ministerio Público para que se investigue la presunta comisión de ilícitos en la aprobación, ejecución y liquidación del Fondo de Administración Solidaria gestionado por legisladores entre los períodos 2023 y 2025.
La acción legal detalla la asignación de 1,837,349,701.14 lempiras impulsada por parlamentarios a través de la línea presupuestaria 449, administrada por la Secretaría de Finanzas y caracterizada por su naturaleza discrecional, la cual está destinada de manera exclusiva a obligaciones de préstamos, avales y emergencias por desastres naturales, y no para financiar becas o infraestructura menor.
Entre los hallazgos expuestos en el documento presentado por el capítulo nacional de Transparencia Internacional, se revela que la Suplidora Nacional de Productos Básicos (BANASUPRO) canjeó cupones alimenticios por un monto superior a los 187 millones de lempiras sin que la mayor parte de estos fondos haya sido debidamente liquidada. Asimismo, se detectó un manejo opaco en rubros de becas por 110 millones de lempiras, donde entidades como BANADESA y SEDESOL suscribieron acuerdos de confidencialidad que restringen el acceso a la información pública.
La organización civil argumenta que la distribución de estos recursos se estructuró bajo criterios de prebenda política individualizada para los diputados gestores, obviando los parámetros técnicos requeridos y evadiendo los informes de liquidación que el Tribunal Superior de Cuentas y la Secretaría de Finanzas confirmaron como inexistentes en los registros oficiales.
Ante este escenario de presunta opacidad en el manejo del erario, la ASJ instó a la fiscalía general a actuar con absoluto rigor, exigiendo la rendición de cuentas a todas las instituciones involucradas y aplicando las sanciones correspondientes contra los responsables de comprometer los recursos del Estado.
