Tegucigalpa.- El Procurador General de la República, Dagoberto Aspra, confirmó este martes el inicio de una investigación exhaustiva sobre la red de centros hospitalarios cuya construcción comenzó bajo la administración de la expresidenta Xiomara Castro. Según los hallazgos preliminares, el Estado enfrenta una situación compleja debido a una falta crítica de planificación que compromete seriamente la puesta en funcionamiento de los inmuebles.
Hallazgos sobre planificación y finanzas
La Procuraduría General de la República (PGR) ha identificado que la edificación de estos hospitales adolece de fundamentos técnicos y presupuestarios sólidos:
- Presupuesto insuficiente: Desde su origen, no existían los recursos necesarios para finalizar las obras, lo que provocó que muchas de ellas quedaran inconclusas y sin una ruta financiera clara.
- Impacto financiero: El Estado deberá realizar una erogación de recursos no previstos originalmente para completar la infraestructura, el equipamiento y la posterior contratación de personal.
- Indicios de sobrevaloración: Aspra señaló que los costos por metro cuadrado de construcción y los valores de equipamiento no concuerdan con los estándares de obras similares, presentando discrepancias significativas que requieren un peritaje técnico detallado.
Presuntas irregularidades legales y administrativas
La investigación también ha detectado anomalías en el manejo de la documentación oficial, lo que podría derivar en cargos penales:
- Documentación bajo sospecha: Se han identificado exhortos de pago enviados a la caja única del Estado sin demandas formales que los respalden, levantando sospechas sobre la autenticidad de firmas y sellos en documentos institucionales.
- Secretarías bajo la lupa: Las pesquisas se centran en la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT) por la ejecución física, y en la Secretaría de Salud por la planificación operativa.
- Auditoría forense: El Tribunal Superior de Cuentas (TSC) ya trabaja en una auditoría forense para profundizar en las etapas administrativas y permitir que el Ministerio Público deduzca responsabilidades civiles o penales.
Operatividad y futuro de las obras
El procurador enfatizó que la improvisación no solo afecta la construcción física, sino la sostenibilidad futura del sistema sanitario. Al no haberse contemplado el personal necesario ni el mantenimiento constante, el actual Gobierno enfrenta la encrucijada de rescatar estas infraestructuras por etapas o asumir una inversión masiva no planificada. “Llegaremos hasta las últimas instancias legales para garantizar que el daño al erario público no quede impune”, concluyó Aspra, reafirmando el compromiso con la transparencia en la gestión de los bienes del Estado.
