Tegucigalpa.- La Secretaría de Desarrollo Económico (SDE), mediante la Dirección de Protección al Consumidor, ejecutó este viernes un operativo de supervisión en una estación de servicio ubicada en el sector de Toncontín. El objetivo primordial de la diligencia fue certificar que los establecimientos cumplan con los estándares técnicos de calidad y cantidad establecidos por la ley.
Verificaciones técnicas de campo
Durante el operativo, los inspectores especializados realizaron una revisión exhaustiva de los componentes operativos de la gasolinera, centrándose en los puntos críticos que afectan directamente al consumidor:
- Integridad de equipos: Se constató que las mangueras de despacho se encuentran en óptimas condiciones, sin fugas ni deterioros que pongan en riesgo la seguridad o la precisión del servicio.
- Control de impurezas: Se realizaron pruebas en los depósitos de almacenamiento para verificar que los tanques están libres de agua u otros contaminantes que podrían dañar los motores de los vehículos.
- Certificación de medida: Los técnicos validaron que los equipos de medición cuentan con la calibración vigente, asegurando que el volumen de combustible despachado corresponda exactamente al monto pagado por el usuario.
Resultados y confiabilidad del servicio
Tras concluir las evaluaciones, la Dirección de Protección al Consumidor informó que no se encontraron incumplimientos ni irregularidades en la estación inspeccionada. Este resultado positivo garantiza a la ciudadanía que el servicio prestado en este punto de la capital es confiable, transparente y apegado a las normativas de comercialización vigentes.
Vigilancia permanente al mercado
Estas acciones forman parte de un plan nacional de monitoreo impulsado por la administración actual para proteger la economía familiar frente a posibles abusos en el sector de hidrocarburos. Las autoridades recordaron que las inspecciones continuarán de forma aleatoria en diferentes puntos del país, especialmente en un contexto de alta sensibilidad por la variabilidad de los precios internacionales del petróleo, reafirmando el compromiso del Estado de velar por los derechos de los consumidores hondureños.
