Tegucigalpa.- La designada presidencial, María Antonieta Mejía, se pronunció este martes de manera contundente sobre la situación del consejero del Consejo Nacional Electoral (CNE), Marlon Ochoa, asegurando que el juicio político en su contra es una medida necesaria para proteger la institucionalidad democrática del país.
Críticas a la ética y profesionalismo
Mejía cuestionó la conducta de Ochoa durante las sesiones del CNE, calificando sus acciones como una falta grave a sus deberes como funcionario público:
- Abandono de funciones: La designada señaló que Ochoa fue incapaz de presentar su voto razonado y prefirió “levantarse de la mesa” por capricho, en lugar de actuar con ética y profesionalidad.
- Faltas injustificadas: Comparó la situación con el ámbito laboral privado, indicando que ausentarse tres días sin justificación sería motivo de despido, mientras que Ochoa sigue devengando su salario pese a haber faltado a sus labores.
- Atento contra la democracia: Según Mejía, el consejero puso en peligro la estabilidad del proceso electoral y el estado de derecho al negarse al diálogo y a cumplir con sus obligaciones constitucionales.
Sobre las denuncias de amenazas
Ante las declaraciones de Marlon Ochoa sobre presuntas amenazas a muerte en su contra y la presentación de recursos legales, la designada mostró escepticismo:
- Recurso de inconstitucionalidad: Aunque afirmó que se le respeta el derecho a presentar los recursos que considere, reiteró que “no se le respeta el derecho de querer atentar contra la democracia”.
- Contradicciones: Mejía ironizó sobre el temor expresado por el consejero, señalando que ahora dice sentirse amenazado a pesar de estar en un estado de derecho y de haber tenido, según ella, una fiscalía que actuaba a su “chasquido de dedos”.
El juicio político como acto moral
Para la designada presidencial, el Congreso Nacional debe actuar con celeridad para evitar que la impunidad prevalezca en la administración pública:
- Precedente necesario: El juicio político debe servir como castigo ejemplar para que futuros funcionarios pongan sus “barbas en remojo” y no repitan estas conductas.
- Naturaleza del juicio: Recordó que, según la Constitución, este procedimiento es un acto moral que evalúa la capacidad y las acciones manifiestas de los altos funcionarios.
