Tegucigalpa.- Como si el déficit fiscal de 20,000 millones de lempiras en planillas no fuera suficiente, el nuevo Gobierno enfrenta ahora una crisis de infraestructura crítica. Informes técnicos revelan que el Centro Cívico Gubernamental (CCG), el corazón administrativo del Estado, se encuentra operando al borde del colapso debido a una masiva sobrepoblación de empleados heredada de la gestión de Xiomara Castro.
Un complejo diseñado para 9,000, asfixiado por 11,000
El inmueble, concebido originalmente para albergar con eficiencia a 9,000 servidores públicos, llegó a concentrar a cerca de 11,000 empleados durante el gobierno anterior, lo que representa un exceso del 22% sobre su capacidad técnica instalada.
De acuerdo con registros oficiales, este excedente de personal ha disparado el desgaste del complejo:
- Colapso de servicios: Se reporta una presión insostenible en el uso de ascensores, sistemas de climatización, estacionamientos y áreas comunes.
- Costos operativos al alza: El consumo de energía eléctrica y agua ha superado las proyecciones, exigiendo un mantenimiento mucho más intensivo y costoso para evitar un paro técnico.
- Puntos críticos: Las mayores concentraciones de personal se detectaron en la ENEE, el Instituto de la Propiedad (IP), Migración y la Secretaría de Educación, donde las oficinas operan al límite de su espacio físico.
El modelo financiero bajo la lupa
La crisis operativa agrava el panorama financiero del contrato de concesión firmado en 2016. Actualmente, el Estado debe cumplir con un pago anual de 23.5 millones de dólares al concesionario por la disponibilidad y mantenimiento del complejo.
Sin embargo, el desorden administrativo del periodo pasado dejó saldos pendientes de infraestructura: la construcción del Cuerpo Bajo D, destinado a ser la nueva Casa Presidencial, permanece paralizada desde 2024, a pesar de estar incluida en el presupuesto y los acuerdos contractuales.
El desafío de “ordenar la casa”
Esta sobrepoblación en el CCG no es solo un problema de espacio; es el reflejo físico del crecimiento desmedido de la planilla estatal que el actual Gabinete Económico busca sanear. La saturación de los edificios pone en riesgo la seguridad de los empleados y la eficiencia en la atención al ciudadano, obligando a la nueva administración a implementar ajustes urgentes en la distribución del personal para garantizar que el complejo no sufra daños estructurales o fallos en sus sistemas vitales.
Mientras la ocupación comercial del complejo apenas alcanza el 60%, la ocupación laboral “al 100%” confirmada en los reportes de noviembre de 2025 evidencia que el Estado centralizó funciones, pero olvidó respetar los límites técnicos de su propia infraestructura.
