Tegucigalpa.- La directora de la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI), Elizabeth Rodríguez, informó este lunes que la institución se encuentra en una situación crítica debido a una demanda que asciende a 90 millones de lempiras. Esta acción judicial ha provocado el embargo de su presupuesto, limitando severamente su capacidad operativa y de crecimiento.
Impacto del Embargo Presupuestario
Rodríguez explicó que el panorama es sumamente delicado, ya que los recursos esenciales para el funcionamiento de la entidad están comprometidos. “Así la institución no puede crecer, estamos hablando de 90 millones de lempiras y estamos atados”, manifestó la funcionaria, subrayando la parálisis administrativa que esto representa.
Irregularidades y Denuncias contra Exfuncionarios
A pesar de tener un importante número de bienes bajo resguardo, la actual administración detectó anomalías heredadas de gestiones anteriores. Se identificaron propiedades y activos que, aunque deberían estar bajo control institucional, figuran a nombre de terceros.
Ante estos hallazgos, se anunció que el próximo miércoles se presentarán ante el Ministerio Público para interponer denuncias formales contra exfuncionarios que mantienen en su poder bienes del Estado de manera irregular.
Coordinación Interinstitucional
Para hacer frente a esta crisis y a las demandas legales, la directora sostuvo reuniones estratégicas con:
- Dagoberto Aspra, Procurador General de la República.
- Gabriela Castellanos, coordinadora del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA).
El objetivo de estos encuentros es coordinar acciones legales y administrativas que permitan rescatar la operatividad de la OABI y deducir responsabilidades por las faltas detectadas.
