Estados Unidos — El exdiputado hondureño Midence Oquelí Martínez Turcios conocerá este jueves su sentencia en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, luego de que la audiencia prevista inicialmente para el miércoles fuera reprogramada a última hora.
El excongresista enfrenta un caso que ha marcado de manera significativa la relación entre política y crimen organizado en Honduras.
Martínez Turcios, quien representó al Partido Liberal por el departamento de Colón entre 2010 y 2018, fue extraditado a Estados Unidos en marzo de 2023.
Tras meses de negociaciones legales, en diciembre de 2024 decidió aceptar uno de los tres cargos en su contra: conspiración para importar cocaína hacia territorio estadounidense.
Aun así, negó haber formado parte de la estructura de Los Cachiros o tener responsabilidad en asesinatos, torturas u otras acciones violentas atribuidas al cartel.
Fiscalía insiste en 30 años y defensa pide 12
El caso vive su fase decisiva. La Fiscalía estadounidense solicitó una pena de 30 años de prisión, argumentando que el exdiputado utilizó su influencia política y experiencia militar para facilitar operaciones de narcotráfico, ocultar lavado de activos y ofrecer protección al cartel.
Según el expediente, habría recibido al menos un millón de dólares entre 2004 y 2014, además de fungir como socio testaferro de la empresa Ganaderos, incluida en la lista de sancionados por la OFAC.
Del otro lado, la defensa de Martínez Turcios pidió una reducción de la sentencia a 12 años, alegando cooperación parcial y señalando que el exdiputado solo admitió el cargo de conspiración, sin aceptar participación en crímenes violentos.
El aplazamiento de la audiencia dejó en suspenso un desenlace esperado por sectores políticos, judiciales y ciudadanos que han seguido de cerca este proceso, considerado uno de los más relevantes contra un funcionario de alto nivel señalado por narcotráfico.
Hoy, finalmente, el Tribunal definirá cuál será el futuro judicial de Midence Oquelí Martínez Turcios, cerrando un capítulo que expone las profundas conexiones entre poder político y estructuras criminales en el país.
