El Ministerio Público (MP) ratificó este jueves que los audios divulgados en plena víspera electoral y que mencionan a la consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cossette López, y al jefe de bancada del Partido Nacional, Tomás Zambrano—son auténticos y forman parte de una investigación oficial.
Sin embargo, la institución no brindó detalles sobre cómo fueron obtenidos, ni presentó información sobre la cadena de custodia, una ausencia que ha generado nuevas interrogantes en el debate público.
La confirmación fue expuesta luego de la conferencia de prensa realizada el miércoles, donde las autoridades volvieron a sostener que los archivos “son veraces” y que su contenido está respaldado por los análisis internos del MP.
Pese a la relevancia del caso, el evento no permitió preguntas de los periodistas y tampoco profundizó en los métodos técnicos que sustentan esa conclusión.
Perito colombiano fue contratado por Libre, según su propia declaración
Durante la conferencia también participó Jeisson Villamil, gerente de la compañía Private Investigation Technology (PTC), quien aceptó públicamente que el peritaje presentado ante los medios fue solicitado por el Partido Libertad y Refundación (Libre).
Ese dato desató críticas inmediatas, ya que diversos sectores interpretaron la revelación como una maniobra política del oficialismo para afectar la credibilidad de López y otros actores de oposición a solo días de las elecciones generales del 30 de noviembre.
Ante la polémica, el Ministerio Público enfatizó que dicho peritaje no tiene carácter vinculante y que únicamente los análisis técnicos realizados por sus propios laboratorios cuentan con validez legal ante los tribunales.
En otras palabras, el informe privado presentado por la empresa colombiana no forma parte de la investigación oficial, ni influye en las decisiones del ente acusador.
Defensa de López denuncia trabas para realizar un peritaje independiente
El abogado defensor de la consejera López, Dagoberto Aspra, ha reclamado en reiteradas ocasiones que la institución no le ha permitido realizar un peritaje jurisdiccional sobre los audios.
Según el jurista, las autoridades han entorpecido la posibilidad de que la defensa acceda a un análisis imparcial, situación que a su criterio compromete el debido proceso y deja en desventaja a su clienta.
