Tegucigalpa, Honduras – La Fiscalía Especial de Delitos Contra la Vida (FEDCV), a través de la Sección en Muertes Cometidas por Estructuras Criminales Organizadas, dio inicio este 25 de noviembre al juicio oral y público contra ocho integrantes de la pandilla 18, señaladas como responsables de la masacre ocurrida el 20 de junio de 2023 en la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS).
Las imputadas, identificadas como Claudia María Lemus Aceituno, Lesbia Ondina Rodríguez Orellana, Cherry Darling Guevara, Heidy Jackeline Palma Rivera, Karen Lorena Ávila Pavón, Leyla Rosmeri Figueroa Pavón, Susana Godoy Leiva y Francis Margarita Chavarría Ávila, enfrentan cargos por asociación para delinquir, asesinato, tentativa de asesinato, incendio cualificado, y porte ilegal de armas, entre otros delitos.
Detalles del crimen
La masacre, perpetrada con armas de fuego, objetos punzocortantes y contundentes, se desarrolló en un ataque coordinado en el que las acusadas sometieron a cuatro policías penitenciarias para apoderarse de las llaves y listados de la población reclusa.
Según la investigación dirigida por la FEDCV y la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), el acto fue premeditado y ejecutado con extrema violencia.
De acuerdo con el Ministerio Público, 23 reclusas murieron asesinadas directamente por las agresoras, mientras que otras 23 fallecieron calcinadas o asfixiadas tras incendiar el módulo donde intentaron refugiarse.
Evidencias presentadas
El tribunal admitió 94 pruebas documentales, periciales y testificales, que incluyen registros balísticos y testimonios clave.
Se identificaron 11 pistolas de diversos calibres y armas de uso prohibido como fusiles y subametralladoras, algunas de las cuales fueron ingresadas clandestinamente desde el exterior del penal.
Próximos pasos
Aunque el juicio para Arleny Sarahí Guerra Portillo, otra implicada en el caso, fue postergado, la FEDCV buscará garantizar justicia para las víctimas de esta masacre que evidenció graves fallas en la seguridad penitenciaria del país.
El juicio, que se extenderá hasta el 29 de noviembre, se perfila como un caso emblemático para el sistema judicial hondureño, dada la gravedad de los hechos y el impacto en la opinión pública.
