Tegucigalpa, Honduras – La Corte de Apelaciones en materia de Criminalidad Organizada, Medioambiente y Corrupción confirmó el auto de formal procesamiento para exfuncionarios del Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop).
Los imputados responden a los nombres de:
- Óscar Antonio Castro Nazar.
- Otilia María Pinto Amador.
- José Antonio Elvir Vásquez.
- Ángel Armando Aguiriano Cerrato.
Acusados por la comisión de los delitos de fraude y violación de los deberes de los funcionarios.
Los magistrados declararon sin lugar los recursos de apelaciones contra las excepciones de la falta de acción y la prescripción de la acción penal.
La resolución señaló que el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) ejerce una función fiscalizadora, sin que esta interfiera con el mandato constitucional del Ministerio Público.
Asimismo, las apelaciones sobre falta de motivación y valoración errónea de la prueba son desestimadas, manteniendo las decisiones del juzgado de primera instancia.
Además, ordenaron reformar el auto de formal procesamiento decretado para Ángel Armando Aguiriano Cerrato, por suponerlo responsable del delito de abuso de autoridad.
Por lo que ahora será imputado por suponerlo responsable de un delito de violación de los deberes de los funcionarios.
“No existe duda respecto a que los acusados conocían de las inhabilidades que tenían los funcionarios públicos para participar activamente en el proceso de licitación en el que tenían interés por los vínculos directos e indirectos con la empresa Grupo Visión y como consecuencia de esos mismos vínculos legalmente no podían ser oferentes en el proceso de licitación y mucho menos que se les adjudicara el contrato”, cita la resolución.
Según el requerimiento fiscal, los acusados actuaron de forma deliberada para defraudar al Estado a través de la supuesta manipulación del proceso de licitación y la compra de suministros que no tuvieron utilidad ni funcionalidad.
Y habrían sido sobrevalorados, adquiriéndolos por 920 mil euros y vendiéndoselos al Infop por 75 millones 837 mil 529 lempiras, creando un perjuicio para el Estado de casi 51 millones de lempiras.
En este mismo caso se presentó acusación contra David Chávez Madison (exdirector de Infop) y José Olivio Rodríguez Vásquez (exsecretario general de Infop y exmagistrado de la CSJ).
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