Nacionales

Johel Zelaya anuncia que retomará los casos que denunció la MACCIH

Tegucigalpa, Honduras – Mediante una cadena de radio y televisión el Fiscal General de la República, Johel Zelaya anunció que retomará los casos que denunció la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras MACCIHH.

Además, El director de la UFERCO, Luis Javier Santos Cuz señalo el alto impacto del caso de corrupción fraguado en la Alcaldía del Distrito Central por parte del ex alcalde Nasry “Tito” Asfura.

Casos que denuncio la MACCIH 

  • Fraude sobre el Gualcarque.
  • Caso Arca abierta.
  • Licitación fraudulenta del Seguro Social.
  • Caja chica del hermano.
  • PANDORA.
  • Caso del proyecto Agua Zarca.
  • Caso del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS)

Fraude sobre el Gualcarque.

El 4 de marzo de 2019, la Unidad Fiscal Especial contra la Corrupción de la Impunidad del Ministerio Público de Honduras (UFECIC‐MP), presentó ante el Juzgado de Letras del Circuito Anticorrupción un requerimiento fiscal contra 16 personas.

Por los presuntos delitos de fraude, abuso de autoridad, violación de los deberes de los funcionarios, de negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas y falsificación de documentos, en perjuicio del Estado, en el denominado caso “Fraude sobre el Gualcarque”, causa que se relaciona con la lucha que libró la ambientalista Berta Isabel Cáceres Flores.

Entre ellas el ex viceministro de Recursos Naturales y Ambiente (MiAmbiente), Darío Roberto Cardona y el exgerente de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), Roberto Martínez Lozano.

Implicados:

  • Roberto David Castillo Mejía.
  • Carolina Lizeth Castillo Argueta.
  • expresidenta del Sindicato de Trabajadores de la ENEE, Roberto Aníbal Martínez Lozano.
  • Exgerente de la ENEE; Raúl Pineda-Pineda.
  • Julio Rivas Bonilla.
  • Julio Alberto Perdomo Rivera.
  • Catarino Alberto López.
  • Luis Eduardo Espinosa Mejía.
  • Ana Lourdes Martínez Cruz.
  • Aixa Gabriela Zelaya Gómez.
  • Darío Roberto Cardona Valle.
  • Mauricio Fermín Reconco Flores.
  • José Mario Carbajal Flores.
  • Óscar Javier Velázquez Rivera.
  • Julio Ernesto Eguigure Aguilar.
  • Isaida Odilia Pinel.

Caso Arca abierta

El 11 de diciembre del 2018, algunos diputados electos para el período 2014-2018 y varios excongresistas fueron señalados de malversar 21.1 millones de lempiras a través de la asociación “Planeta Verde”.

“Arca Abierta” le denominó a este caso de corrupción la Misión de Apoyo contra la Corrupción de la Impunida (MACCIH), y la Unidad Fiscal Especial contra la Corrupción de la Impunidad del Ministerio Público (UFECIC).

Implicados

  • Juan Carlos Valenzuela Molina.
  • Gladis Aurora López Calderón.
  • Gustavo Alberto Pérez Cruz.
  • Welsy Milena Vásquez López.
  • Milton Jesús Oseguera.
  • Carlos Humberto Bonilla Aguiriano.
  • Audelia Rodríguez-Rodríguez.
  • Edwin Roberto Pavón León.
  • Hernán Enrique Vindel Mourra.
  • Fabricio Puerto Oseguera.
  • Óscar Arturo Álvarez Guerrero.

Licitación fraudulenta del Seguro Social

El Ministerio Público de Honduras presentó ante el el Juzgado de Letras del Circuito Anticorrupción un requerimiento fiscal contra 12 ciudadanos por los presuntos delitos de fraude, abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios en perjuicio del Estado.

Como consecuencia de una investigación que fue conducida por el Equipo Integrado de Investigación y Persecución Penal, compuesto por fiscales e investigadores de la Unidad Fiscal Especial contra la Corrupción y la Impunidad del Ministerio Público (UFECIC-MP) con apoyo de expertos de la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras de la Organización de los Estados Americanos (MACCIH-OEA).

  • Carlos Montes Rodriguez.
  • Javier Rodolfo Pastor Vasquez.
  • Leonardo Villeda Bermudez.
  • Samuel Benjamín Bográn.
  • Fabricio Valentín Vásquez Sosa.
  • Oscar Manuel Galeano Florentino.
  • José Hilario Espinoza.
  • Armando Villatoro
  • Luis Alonzo Mayorga.
  • José Humberto Lara.
  • José Manuel Espinal.
  • Armando Villatoro.

Caja chica del hermano

El 5 de noviembre del 2018, el Ministerio Público de Honduras presentó ante la Corte Suprema de Justicia un requerimiento fiscal contra Wilfredo Francisco Cerrato Durón, ex Secretario de Estado en Administración y Gestión Financiera Presidencial durante el gobierno de Porfirio Lobo Sosa, y contra Ramón Lobo Sosa, hermano del ex presidente de Honduras, por el supuesto delito de fraude y malversación de caudales públicos en perjuicio de la Administración Pública.

De acuerdo con la investigación, los imputados en el denominado caso “Caja chica del hermano”, crearon un entramado para desviar, en beneficio propio, dinero público que estaba inicialmente destinado a sufragar los gastos de seguridad de la Casa Presidencial. Los imputados se habrían “embolsado”, irregularmente, 8.4 millones de lempiras (unos 350,000 dólares).

La Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad y la Corrupción (UFECIC), del Ministerio Público, inició la investigación después que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), remitiera al equipo integrado por la Misión de Apoyo contra la Corrupción en Impunidad (MACCIH) y la Unidad Fiscal Especial contra la Impunidad de la Corrupción (UFECIC), un reporte de Operación Sospechosa (ROS), el 8 de enero de 2018.

Según la UFECIC, los imputados realizaron transacciones con 125 cheques, que sumaron 18 millones de lempiras que salieron de una cuenta del Estado, a nombre de un testaferro y fueron a dar, posteriormente, a otra cuenta de ahorro personal.

Caso Pandora

El Caso Pandora involucró a altos exfuncionarios, socios, familiares y personas naturales por los presuntos delitos de abuso de autoridad, fraude, malversación de fondos, lavado de activos, falsificación y uso de documentos públicos, por un monto superior a 282 millones de lempiras.

Los hechos fueron denunciados por un inversionista extranjero y Cónsul Honorario de Italia en Roatán, relacionados a la utilización indebida de la Fundación Dibattista, en operaciones atípicas y no autorizadas, más la auditoria especial realizada por el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) a la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG).

Implicados

  • José Celín Discua Elvir
  • Rodolfo Irías Navas
  • Miguel Edgardo Martínez P.
  • Elden Vásquez
  • Arnaldo Urbina Soto
  • Carlos Alberto Pineda F.
  • Wilson Rolando Pineda Díaz
  • Ramón Antonio Lara Bueso
  • Redin Lenín Chávez Galindo
  • Armando José Rivera M.
  • Hernán Seaman Elvir
  • Claudia Yamila Noriega G.
  • Arnol Gustavo Castro H.
  • Franklin Erick Toruño C.
  • Jean F. Marie de Peyrecave
  • Alba Luz Ramírez H.
  • Mario Rolando Suazo M.
  • Mario Edgardo Suazo M.
  • Dalia Esmeralda Palma S.
  • Josué Francisco Velásquez
  • José Luis Flamenco Mejía
  • Elvin Ernesto Santos O.
  • Elvin Ernesto Santos L.
  • Ernesto Galeas Martínez
  • Sixto Pineda Hernández
  • Laura Aide Arita Palma.
  • Jorge Alberto Izaguirre.
  • Lenín Rigoberto Rodas V.
  • Félix Francisco Pacheco R.
  • Eduardo Enrique Lanza R.
  • José Adolfo Sierra Morales
  • Luis Fernando Urrutia R.
  • Jacobo Regalado Weizemblut.
  • Norma Kaffy Montes C.
  • William Chong Wong
  • Velkis Rosibel Hernández
  • Fernando José Suárez R.
  • Jaime Antonio Suárez.

Caso del proyecto Agua Zarca

La Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), investigó aspectos de corrupción relacionados a los contratos y concesiones del proyecto energético Agua Zarca.

El proyecto de Agua Zarca es impulsado por la empresa Desarrollos Energéticos S.A (DESA), en los departamentos occidentales de Santa Bárbara e Intibucá.

La dirigente ambientalista Berta Cáceres, coordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), se opuso al proyecto.

Caso del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS)

El saqueo del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) ha sido uno de los casos de corrupción más grande en Honduras en la última década.

Por el número de personas involucrados en este proceso nefasto (se estima que unas 320 personas participaron de alguna forma), el valor de los fondos sustraídos (se estima que los daños podrían superar los 300 millones de dólares).

El impacto sobre la vida (algunos organismos alegan que hasta 3 mil personas habrán muerto a causa del tratamiento inadecuado o inexistente que recibieron en el IHSS bajo la dirección de Mario Zelaya).

Mostrar Mas

Articulos relacionados

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Back to top button